El mandatario disparó una vez más contra los legisladores de la oposición y exhortó a habilitar la discusión en el recinto. Criticó que hace tiempo no se reúnan las comisiones y aseguró que falta decisión “ya sea por la aceptación o la negativa”.
Con el plazo vencido y con escasas posibilidades de conseguir que alguna de las iniciativas de empréstito logre ser aprobada por los dos tercios de Diputados, ahora desde el oficialismo apuran una definición para dar por cerrado un tema que hace meses viene ocupando un lugar prioritario en la agenda oficial.
“Creo que le falta decisión a los legisladores, ya sea por la aceptación o la negativa”, aseguró ayer en declaraciones radiales el mandatario provincial.
En relación a lo planteado por representantes del Partido Justicialista (PJ) que propusieron convocar a un debate público para demostrar que una toma de créditos no conviene, Colombi dejó en claro su postura: “El lugar donde se deben debatir estas cuestiones es el propio recinto, y si hay números será ley o no, pero no se lo puede cajonear porque se hacen mal ellos”, aseveró.
Enfatizó que si los legisladores de la oposición mantienen esta posición obstruccionista “dejarían mucho que desear para toda la sociedad” y agregó que “es una vergüenza para todos que la comisión de Asuntos Municipales no se pueda reunir desde hace tanto tiempo”.
“Es lamentable porque es muy sencillo el tema: si hay mayoría se dictamina y va al recinto, si se aprueba será ley, pero no se puede tener el proyecto a media agua porque los legisladores quedan muy mal ante la sociedad”, sostuvo el Gobernador, y puso como ejemplo los proyectos de energía.
En ese sentido sostuvo que se encuentran trabajando, “pero es necesario contar con fondos para obras de media y baja tensión, así como la compra de transformadores”. También recalcó que “la idea es que cada año el problema sea menor, por lo que creemos que todas las obras van a atemperar los inconvenientes”.
Mientras tanto, desde el PJ mantienen la negativa a los proyectos que proponen la toma de créditos, ya sea para obras energéticas, viviendas o para los municipios, y aseguran contar con los fundamentos para demostrar que no son convenientes.

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