Las empresas de transporte también critican la concesión del servicio prepago

El intendente Giacomino firmará el contrato con la UTE en los próximos días, pese a los reiterados pedidos de concejales y el Tribunal de Cuentas para frenar la licitación. Coniferal y Ciudad de Córdoba reclamarán esta semana al municipio precisiones sobre el canon fijado, entre otros puntos.

Mientras el intendente Daniel Giacomino insiste en seguir adelante con la puesta en marcha del nuevo sistema prepago del transporte urbano de pasajeros, nuevas críticas se sumaron contra el proceso licitatorio mediante el cual la UTE conformada por Siemens y Metronec (Roggio) resultó adjudicataria. Al pedido formal de los concejales de la oposición de frenar la concesión del servicio y a los dictámenes del Tribunal de Cuentas que consideran que ese proceso violó la Ordenanza de Contabilidad, el Ejecutivo recibirá esta semana nuevas presentaciones, esta vez, por parte de las empresas privadas de transporte. Tanto Coniferal como Ciudad de Córdoba -posiblemente a través de la Fetap- exigirán al área de Transporte precisiones sobre cuál será finalmente el porcentaje que se destinará del boleto al sistema prepago y como se financiará la diferencia entre lo que hoy se deduce del pasaje y lo que en un futuro se retendrá, se trata de una cifras anuales millonarias. También pedirán exactitudes sobre los plazos previstos para la implementación del nuevo servicio, entre otros aspectos.

Pese a que la semana pasada el bloque de la UCR, el Frente Cívico y el Frente Progresista le enviaron una carta documento al jefe comunal pidiendo que se abstenga de seguir adelante con la licitación, la intención de Giacomino es firmar esta semana el contrato con la empresa para que, a más tardar en agosto, las tarjetas sin contacto -que reemplazarán al cospel- ya estén en la calle para los usuarios. El contrato en cuestión es por diez años con posibilidad de prórroga y se habla de casi 400 millones de pesos.

“Le pedimos a Giacomino que actúe con más tranquilidad, se trata de una concesión millonaria, una decisión muy importante para el sistema de transporte. Vemos con preocupación la ansiedad del intendente de concretar algo cuando aún faltan muchas cosas por revisar”, dijo Horacio Villareal de Coniferal. Además informó que aún no fueron convocados por los funcionarios municipales por este tema “siendo que somos las empresas las que deberemos afrontar los problemas si es que esto no anda”. Villareal aclaró que coinciden en que el mejor método de pago y más seguro es el uso de la tarjeta, pero reconoció que actualmente el sistema de recarga es deficitario y que los usuarios de los barrios periféricos tienen problemas hasta para conseguir los cospeles. En ese sentido explicó que actualmente el 15 por ciento de los pasajeros está abonando su boleto con dinero. “Nos cansamos de hacer auditorias que dan cuenta del incumplimiento de Siemens (la actual prestataria) para abastecer con cospeles a todas las bocas de expendio, ni pensar lo que podría ocurrir con la tarjeta magnética en las zonas más alejadas al centro”, agregó Villareal.

Nuevos cruces

Si bien desde el municipio sostienen que esta semana se seguirá adelante con la concesión del servicio como está previsto, el edil radical Marcelo Cossar aseguró que no se quedarán de brazos cruzados y no descartó iniciar acciones civiles y hasta penales contra el intendente si fuera necesario.

“Nosotros le aprobamos un pliego para la licitación pero Giacomino terminó haciendo lo que quiso, violando una ordenanza y eso no es posible. La aprobación del pliego no es un cheque en blanco”, dijo Cossar. Junto a sus pares del Frente Cívico y Frente Progresista dice dudar de la transparencia del proceso licitatorio por “la insistencia manifestada por el Departamento Ejecutivo en la adjudicación del servicio mencionado, pese a las observaciones vertidas en los dictámenes emitidos por la totalidad de los vocales del Tribunal de Cuentas”. Además, los concejales argumentan que el inciso 1º del artículo 78º de la Carta Orgánica Municipal hace referencia a que “la privatización de obras, servicios y funciones del municipio, debe ser elevado a consideración del cuerpo. Nuestro marco jurídico establece que no se completa la voluntad del Estado si no se expresa el Concejo Deliberante”.

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