Ayer, cuando se realizaba la segunda reunión en la presidencia de la Cámara de Diputados para esclarecer el traspaso de las empresas tercerizadas de ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina) a una Fundación Solidaridad y Trabajo, fue que los legisladores se enteraron que la resolución de esta homologación ya había sido avalada por el ministro de Trabajo, Rubén Fortuny.
La reunión dejó entrever un cierto contexto favorable para los referentes de las empresas tercerizadas y, a pesar de sus explicaciones a un solo medio gráfico, el diputado provincial titular de ATSA, Abel Ramos, a quien se identifica directamente con las empresas, se ausentó de la convocatoria.
Razones para una Fundación
El coordinador de las tercerizadas, Sergio Dazzi, indicó que la decisión de pasar las empresas a una Fundación tiene su base en la necesidad de abaratar costos, dado que actualmente las empresas se hacen cargo de mayores costos por un total de 3 millones de pesos que el Estado no reconoce.
Al pasar a ser una Fundación, sostuvo que los costos se abaratarán en un 30% del total, que es lo que se paga en la actualidad en concepto de impuesto a las ganancias. Y es que las empresas reciben del cerca de 18 millones de pesos por año de parte del gobierno provincial por la prestación de servicios en los hospitales públicos. Por otra parte, explicó que con la Fundación constituida se podrán gestionar otros fondos para "capacitación".
La crisis explicada por Dazzi "las viven todas las empresas…si justificamos este traspaso, todas las demás se van a constituir en fundaciones", fue la observación volcada por la diputada Virginia Cornejo. Este pensamiento se acercaba al del abogado de los empleados que piden ser bien categorizados, Néstor Corregidor.
Y es que el letrado entendió que ante la intención de la empresa de no pagar los impuestos, quien debiera actuar es el procurador de la provincia. Esta situación es difícil de concebir a futuro si se tiene en cuenta lo que hasta ahora sucedió en Diputados, y por la rápida resolución que se tomó desde el Ejecutivo para homologar el traspaso.
Mientras, cuando la diputada Cornejo preguntó por la categorización de los trabajadores de las empresas (todos se encuentran como peones generales), no se respondió y la reunión fue cortada por el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Godoy.
Mientras, se espera la citación del ministro de Salud, Gabriel Chagra Dib, para que indique cuál es la realidad respecto de la prestación del servicio.


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