Organizaciones de defensa al consumidor señalaron que las compañías están aprovechando el vacío legal generado por el retraso en la reglamentación de la ley aprobada en mayo en el Congreso nacional que establece al Ministerio de Salud como el ente que regulará las tarifas de estas empresas.

Los aumentos serán de 9,5% a partir del 1° de diciembre y del 5,5% en febrero de 2012, y regirán para las empresas Swiss Medical, Galeno, Osde, Omint y el resto de las grandes compañías nucleadas en dos cámaras que agrupan al sector: Cimara y Ademp.

La Secretaría de Comercio Interior a cargo de Guillermo Moreno ya había autorizado una suba de 15% en enero y otra de 9,5% en agosto, pero estos últimos aumentos no contarían con la aprobación del organismo. De los alrededor de 4 millones de beneficiarios que tiene la medicina prepaga, este aumento impactará en forma directa sobre casi 2 millones, porque el resto adhirió a las prepagas a través de una obra social sindical, y sus contribuciones y aportes se ajustan automáticamente por los salarios.

El argumento de una de las cámaras que agrupan a las empresas del sector (Cimara) para justificar las subas es que deben afrontar los aumentos salariales acordados en la paritaria con el gremio de Sanidad.

Esperando la reglamentación

Si bien en mayo el Congreso nacional sancionó la ley 26.682, que regula la actividad de la medicina prepaga, la misma nunca fue reglamentada. En su artículo 29, la reglamentación establece que el Poder Ejecutivo tenía 120 días para poner en funcionamiento la ley, pero ese plazo se venció en septiembre.

En el artículo 5º se establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud, al cual se lo faculta para revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones. Pero mientras no esté la ley reglamentada, las prepagas pueden aprovechar para aumentar unilateralmente las tarifas.

La fecha en que la cuestión legal debería clarificarse es el 17 de noviembre, porque, según el texto de la legislación, en ese momento las compañías deben ajustarse a la reglamentación aprobada por el Congreso. Las organizaciones de defensa al consumidor sostienen que a partir de ahí, por más que la reglamentación no estuviera dictada, al estar la ley aprobada puede entrar en vigencia.