Pese a que los vecinos de San Miguel de Tucumán ya están resignados y, desde el sábado, vienen pagando 2 pesos para viajar en colectivo, la polémica en torno cómo se consumó el incremento en el precio del boleto sigue acrecentándose con el correr de los días.

Tal como informó EL SIGLO en su edición de ayer, el concejal Claudio Viña (Fuerza Republicana) denunció que las empresas de ómnibus fijaron valores inferiores a los reales, respecto a los subsidios que reciben del Gobierno nacional, en el estudio de costos mediante el cual se justificó el aumento del cospel.

Mientras que el empresariado había consignado, en dicho expediente, que cada línea de ómnibus percibe, en promedio, 228 mil pesos mensuales de asistencia estatal, el edil opositor aseguró, amparándose en un informe de la Secretaría de Transporte de la Nación, que el monto en ese concepto es de aproximadamente 340 mil pesos.

Según Viña, de haber presentado la Asociación de Empresas del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) ese último valor, el aumento en el costo del servicio habría sido inferior al finalmente aprobado en la sesión de la semana pasada, cuando se lo elevó de 1.70 peso a 2 pesos (un 17,6 por ciento).

Réplica empresaria

Desde AETAT, su titular, Cristóbal Cazorla, retrucó las acusaciones, asegurando que "los valores consignados por el concejal Viña no se ajustan a la realidad", y anunció que hoy a primera hora presentarán "un informe ante el Concejo Deliberante que demuestra que los montos fijados en el estudio de costos están claramente justificados".

En este sentido, explicó a EL SIGLO que "los subsidios planteados en el estudio de costos están determinados en base a una empresa tipo, que cuenta con 27 coches, porque esos son los parámetros que establece la metodología que se viene implementando para evaluar el costo de prestación del servicio. En cambio -agregó Cazorla- el concejal Viña plantea la situación de empresas con 34 unidades, con lo cual lógicamente aumenta el monto de la asistencia".

El dirigente empresario aseguró que "en caso de que se hubiera presentado un estudio de costos fijando como empresa tipo a una con 34 unidades, lo cual no está permitido a AETAT, debido a que la metodología la define el propio Concejo, las empresas se habrían beneficiado más todavía". A propósito, explicó que "si bien se restaba en el ítem de subsidios, en el resto de los puntos que se tienen en cuenta a la hora de calcular el precio del boleto también habrían crecido los valores y por consiguiente, el costo del viaje mínimo".

Cazorla aseveró que, al hacer estos planteos, "parece que el concejal Viña tiene una intencionalidad política, porque jamás pidió a AETAT una aclaración sobre el estudio de costos, que dicho sea de paso, fue confeccionado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT".

Además, sostuvo que "los valores de subsidios consignados por el concejal, tomando como base una empresa de 34 colectivos, no se ajustan a la realidad, que dice que la empresa tipo a tener en cuenta en el estudio de costos es la que posee 27 ómnibus".

El empresario admitió que "a raíz de las inversiones realizadas en los últimos meses, hasta mayo, que es cuando se hizo el análisis de costos, había un total de 410 unidades, lo cual, dividido en 14 líneas de colectivos que trabajan en la Capital, da como resultado un promedio de 30 colectivos empresa. Sin embargo -aclaró-, no se podía presentar el estudio de costos con esos parámetros, porque no le corresponde hacerlo a las empresas, sino al Concejo Deliberante, que es el que fija la metodología y el que previamente estableció como empresa tipo a una con 27 unidades. Nosotros no podemos hacer estos cambios unilateralmente", acotó.

Otro aumento

En otro orden de consideraciones, el presidente de AETAT dijo a este diario que están a la espera de que la Secretaría de Transporte de la Provincia emita hoy una resolución fijando un incremento en los servicios rural e interurbano, atento a un pedido realizado por el sector. "Estamos a la espera de que se defina el aumento. Nosotros pedimos un 25 por ciento, conforme a un estudio de costos, pero suponemos que se aplicará un incremento similar al dispuesto para el transporte urbano en la Capital, del 17,6 por ciento", aclaró.

Según consideró el dirigente empresario, "si se establece un incremento inferior al solicitado, sirve, pero resulta insuficiente para cubrir todos los ítems que contempla el estudio de costos para la determinación del precio".

A propósito, Cazorla explicó que si se da un aumento del orden del 17 o el 18 por ciento, se cubren los gastos de costo corriente, es decir los que necesitan desembolsos inmediatos, pero no los ítems a mediano y largo plazo, entre los que se encuentran la retribución a la inversión, la rentabilidad empresaria y la depreciación de los vehículos. "En otras palabras -precisó-, se verá afectada la renovación de unidades y no se podrá mantener el ritmo de inversión que se venía dando y que permitió que el servicio mejore sustancialmente".

Frente a este escenario, Cazorla advirtió que "las empresas deberán buscar mecanismos para compensar esa falta de ingresos genuinos por la tarifa reducida, si se la compara con el estudio de costos, y habrá que apelar a créditos y endeudarse para poder renovar y mejorar las unidades. Esto es negativo porque afecta a las empresas y a los usuarios", concluyó.