El sistema implicará un registro difícilmente adulterable sobre la cantidad de boletos expendidos por las empresas de transporte y esa podría ser la razón de la resistencia de los empresarios. Actualmente, con el sistema del boleto impreso, es imposible saber con certeza cuál es la ganancia “real” de las empresas de transporte urbano. En un contexto oligopólico en Posadas y monopólico en las demás ciudades de la provincia, el pasaje al boleto electrónico puede significar un duro revés para los intereses de las empresas.

En una entrevista otorgada a Radio A, Barros habló de los múltiples problemas que desde su punto de vista, enfrentan las empresas de transporte de Posadas. El dueño de la empresa que tiene la concesión de las líneas 28, 16 y 23, entre otras, consideró que el boleto debería costar más de 8 pesos en la capital provincial, por lo que “los 2,50 pesos del pasaje alcanzan para ir tirando, pero como muchas cosas se deciden a nivel nacional, sueldos… entonces la UTA (Unión Tranviarios Automotor) pide aumentos, pero debe venir compensado en subsidios, sino acá vamos a tener problemas con el usuario porque necesitaremos aumentar la tarifa”.

Sin mencionar los subsidios millonarios que recibe su empresa de parte de Nación, que además, subsidia los salarios de los choferes, Barros argumentó que la implementación de las tarjetas SUBE creará muchos inconvenientes a los usuarios. Al respecto reveló que “estamos a la espera porque se instrumenta por etapa. En Buenos Aires se está aplicando y todavía tienen que evaluar los inconvenientes y beneficios. Creo que en Posadas si debés hacer cinco cuadras de fila me parece que no es agradable. Acá hay 8 meses de verano y no se está acostumbrado a hacer fila. Fuimos a ver la máquina tickeadora en Brasil, debe que contemplar todos los tipos de pasajeros, el boleto único, mayores de 70 años… tiende a determinar la cantidad de pasajeros, si los subsidian, el Estado lo debe hacer a todas”.

En esta línea argumentativa, Barros expuso que el sistema "tiende a registrar a todos los pasajeros y aquí solamente el 65 por ciento paga el pasaje completo. Acá tenemos los mayores de 60, los policías, los estudiantes subsidiados por la empresa, que no pagan o pagan menos", se quejó.

Al respecto del trabajo diario de las empresas, Barros reconoció que reducen las frecuencias cuando hay menos usuarios, primando la ganancia comercial por sobre la prestación del servicio público. “En períodos escolares no deben faltar unidades, porque Posadas tiene horarios picos, a la mañana vienen todos al centro, al mediodía vuelven, a la tarde regresan. La línea 23 en horas picos ponemos tres refuerzos, más 11 a 14 unidades para tener una frecuencia de dos a tres minutos, en ese momento necesarios. Después para compensar los costos los fines de semanas reducimos servicios, siempre dentro de las necesidades de los usuarios.”

Cabe destacar dos puntos interconectados del argumento de este empresario: los costos y ganancias de los empresarios por una parte, y la necesidad de los usuarios, por otra. El tema de los costos depende en gran medida de un sinceramiento sobre la cantidad de boletos expendidos, algo que no se puede determinar con el presente sistema de boletos impresos. La ganancia del empresariado surge de una ecuación en la que intervienen los gastos operativos (insumos, salarios, etc.), los boletos expendidos (con o sin exenciones parciales o totales) y los subsidios percibidos.

Los usuarios no manejan esta información, particularmente sobre el tema de la cantidad de boletos expendidos, algo que sólo conocen las empresas. La implementación de las SUBE conllevará a un blanqueo sobre este tema y no parece casual que Misiones sea una de las provincias que aún mantienen el sistema del boleto impreso. Los grandes centros urbanos ya adoptaron el sistema electrónico hace años, pero en contextos empresariales en donde el oligopolio tiende a ser menos pronunciado.

El planteo de Barros contra las tarjetas se apoya en la “necesidad” de los usuarios, sin considerar que el claro esclarecimiento sobre las ganancias de las empresas, es crucial para estos. Especialmente cuando las cuatro empresas que operan en Posadas ejercen presión para aumentar las tarifas, sin especificar en forma fehaciente y creíble, cuál es la cantidad de boletos que venden diariamente. En la discusión de los costos operativos, la cuestión de la renta empresarial es un tema de sumo interés para los usuarios. Pero a Barros parece preocuparle más que los usuarios no tengan que hacer largas filas en el tórrido clima misionero.

Finalmente, cabe resaltar que las SUBE podrían determinar un cambio en la aplicación de los subsidios nacionales, que ya no se realizarían en forma directa a las empresas, sino a los usuarios. Este es otro tema de suma importancia que no aparece en el discurso de Barros. El envío de subsidios al transporte, vigente en la actualidad, presenta varios problemas, entre los cuales no es menor, el manejo que hacen las provincias de las partidas. En Misiones, la remisión de los subsidios a las empresas se vio obturada por el gobierno provincial, que demoró la entrega por supuestas trabas burocráticas. El sistema SUBE, en principio, dejaría tanto a los empresarios como al gobierno provincial sin el control de una importante fuente de financiación.