SAN PABLO.- Brasil vive inmerso en un océano de contradicciones. Mientras la economía recupera la velocidad crucero, la tremenda desigualdad en las rentas hace sonrojar todavía a sus gobernantes. En ese escenario, el sector empresarial, que se ha beneficiado de la política económica del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, reclama al nuevo gobierno que salga de las urnas reformas estructurales y menos participación del Estado en la economía.

En San Pablo suelen decir que las mayores decisiones empresariales de América latina se dirimen en la céntrica avenida Paulista, de esta ciudad, donde tiene su sede la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp), la mayor confederación empresarial de la región. Interlocutora privilegiada del gobierno, la posición de la Fiesp en política económica nunca pasa inadvertida en Brasilia.

Durante los ocho años de gobierno de Lula, los empresarios brasileños han visto cómo las políticas sociales impulsadas por el mandatario han contribuido a generar lo que Thomaz Zanotto, director de Relaciones Internacionales de la Fiesp, llama el "círculo virtuoso".

"Lula logró contener la inflación y aumentar las políticas sociales. Ambos factores ayudaron a distribuir renta; casi 50 millones de brasileños entraron en el mercado de consumo y eso generó más producción y, por tanto, más renta. Ese círculo virtuoso ha sido muy positivo para Brasil", explica Zanotto a LA NACION.

La continuidad

Para el directivo paulista, Lula fue "muy inteligente" al dar continuidad a las políticas económicas y sociales del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso (su predecesor en el cargo). "Gracias a Cardoso y a Lula, Brasil cuenta ahora con 16 años de estabilidad económica y baja inflación", resume Zanotto.

Pero los empresarios también ven algunos "puntos negros" en la política económica de Lula, al que le reprochan no haber emprendido reformas estructurales que consideran necesarias para el país.

"Lula no aprovechó la oportunidad para realizar reformas que consolidaran la posición de la economía brasileña, muy dependiente todavía del exterior", señala Zanotto, que cita, entre otras, una reforma tributaria a fondo que reduzca la carga fiscal (el 34,5% del PBI) y una reestructuración del mercado de trabajo. "El propio Lula ha admitido que se arrepiente de no haber avanzado en esas reformas", recuerda Zanotto.

De ahí que para los empresarios brasileños el principal reto del nuevo gobierno sea la aprobación de esas reformas. Según Zanotto, la candidata oficialista Dilma Rousseff -que según las encuestas será la próxima presidenta de Brasil (ver aparte)- contará con una mayoría holgada en el Congreso para impulsar los cambios que demandan los industriales, temerosos de que la previsible sucesora de Lula se incline por una política más intervencionista que su mentor.

"Entendemos que Brasil ya pasó por una fase de participación alta del Estado en la economía y que una mayor injerencia del gobierno no sería positiva para el país", dice Zanotto.

Los empresarios, que reprochan a los candidatos la ausencia de debates económicos durante la campaña, no ven grandes diferencias entre Rousseff y su principal rival, el socialdemócrata José Serra. "No tenemos candidatos que propongan menos intervencionismo; Dilma busca más participación del Estado en la economía y Serra es más pragmático, algo menos intervencionista, pero hay que recordar que cuando fue ministro (en el gobierno de Cardoso) promovió políticas que bien podría haber firmado Dilma", apunta Zanotto.

A pesar de esos temores, lo cierto es que las cifras macroeconómicas en Brasil son envidiables. Tras sufrir una leve contracción de su economía el año pasado, el Banco Central de Brasil prevé que este año el PBI sobrepase el 7%. Con la inflación contenida (4,5%) y la confianza del consumidor por las nubes, el gobierno ha logrado crear casi dos millones de empleos durante este año, lo que generó una desaceleración progresiva del desempleo (6,7%). Unos indicadores que descansan además sobre un cómodo colchón de 250.000 millones de dólares en reservas.

Abismo entre ricos y pobres

En el otro lado de la balanza, la desigualdad de la renta es todavía una mancha que ensombrece los logros económicos del país. El programa Bolsa Familia (del que se benefician 12 millones de familias, el 21% del total) contribuyó a sacar de la pobreza a unos 20 millones de brasileños en los últimos ocho años, pero las diferencias entre ricos y pobres son todavía abismales en el gigante sudamericano.

El coeficiente Gini, que mide la distribución de ingresos en los países, otorgó a Brasil 0,544 puntos en 2008 (en el índice, el 1 representa la desigualdad máxima y el 0 la igualdad total), una mejoría respecto de años anteriores, pero insuficiente para que Brasil deje de ser una de las naciones más desiguales del mundo.

Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el 42,5% de la riqueza del país recae sobre el 10% de la población, mientras que el 10% con la renta más baja sólo se queda con el 1,2%. Además, geográficamente existe un Brasil rico y otro pobre. El Nordeste (que concentra el 28% de la población) sólo tiene una participación en el PBI del 13,1%, mientras que el Sudeste acapara el 56,4% de la riqueza nacional.

Tanto Rousseff como Serra han prometido reforzar el programa Bolsa Familia (en el que el Estado invierte unos US$ 7000 millones al año) si alcanzan la presidencia. Los empresarios, sin embargo, se muestran escépticos sobre la viabilidad de estos programas a largo plazo. Zanotto no alberga dudas: "Las ayudas del Estado a la gente no pueden ser eternas".