Juan Carlos Sacco, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), aseguró -en diálogo con este diario- confiar en que las dependencias oficiales que deberán dictaminar qué embarque entra al país y cuál no trazarán la raya en algún monto máximo para intervenir. «Estamos hablando con la gente del Gobierno, y sería muy positivo que por debajo de determinada cifra el ingreso sea automático. Esto evitaría demoras en la reparación de máquinas, cuya detención causa un perjuicio enorme para la economía del país», dijo el industrial gráfico y dirigente empresarial. «Antes la falta de una pieza para una máquina se resolvía con un pedido por teléfono y un envío por courier. Desde hace meses que eso no sucede, y a partir del miércoles habrá que hacer el trámite en la AFIP, después pasar por Comercio Interior, esperar que nadie lo deniegue y recién ahí encargar el repuesto. Pueden pasar semanas, y en el ínterin -por una pieza que puede llegar a costar mil dólares- la máquina no funciona, la producción se para y la cadena industrial se detiene», agregó Sacco.

La mayor preocupación de los industriales hoy es la falta de repuestos e insumos que viene produciéndose desde hace un año, pero que -prevén- se agudizará en marzo, cuando las fábricas estén en plena producción.

También preocupa la aparente «dispersión de esfuerzos» entre la AFIP y la Secretaría de Comercio Interior; el viernes, el organismo recaudador pareció querer morigerar el poder de Moreno al emitir una norma que parecería dejar claro que la última palabra en autorizar una importación queda en sus manos.

Se trata de la Resolución 3.256 (publicada en el Boletín Oficial del viernes) en la que se establece que todos los organismos que adhieran al régimen de DJAI (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación) podrán pedir información complementaria a la prevista en ese formulario, pero después deberán integrarla a la DJAI.

La resolución firmada por Ricardo Echegaray parece una respuesta tácita a las dudas de los empresarios sobre quién tendrá la última palabra cuando la AFIP y Moreno difieran sobre autorizar o denegar una importación. De todos modos, y pese a la norma, persiste la sensación de que será el poderoso secretario de Comercio Interior la última instancia en este tema.

La preocupación empresaria por los repuestos y los insumos se basa también en lo que prevén será una avalancha de

pedidos de importación; para los técnicos de Comercio Interior será sencillo determinar si pequeños electrodomésticos, artefactos de línea blanca o zapatillas «high performance» pasan la Aduana: bastará con consultar el listado de «prohibidos» que mantiene Moreno en su escritorio desde hace un año y medio. En sentido inverso, hará falta una gran idoneidad técnica para decidir si determinadas piezas son indispensables o no para armar un automóvil, y si se produce en el país un producto idéntico y de igual calidad.

La complejidad del sector autopartista es uno de los mayores desafíos que enfrentará la instrumentación de este régimen que limita las importaciones: en el país funcionan once terminales automotrices, y obviamente cada una importa piezas diferentes a las de sus competidores. La tarea para autorizar o denegar estos ingresos será ciclópea.

Ante este panorama, en voz baja, y en reuniones reservadas con funcionarios del Gobierno, muchos dirigentes empresarios están haciéndoles saber que será muy complicado crecer al 6% este año (tal como marcan las proyecciones más realistas) si las fábricas no pueden producir por falta de insumos y repuestos. Los empresarios fabriles ya tienen más que claro que esta barrera no busca la defensa de su sector, sino simplemente de un tema fiscal y de reservas. El argumento para que el Gobierno (pese a la oposición de Moreno) flexibilice dentro de lo razonable el ingreso de mercadería desde el exterior será justamente ese: si el país no produce, no habrá crecimiento.