El presidente de la entidad, Gustavo Martínez Quiles, dejó claro que “esta situación se sucede hace más de 10 años y venimos tratando de que el sector político pueda darse cuenta de que con las expropiaciones no se logra solución alguna, sino por el contrario han fomentado las usurpaciones”.

También manifestó que “hay una demanda de terrenos que no tiene una oferta que conlleve a cubrirla y en gran parte es por no contar con una normativa acorde que facilite a los propietarios el loteo de inmuebles”.

“No es capricho de los propietarios no lotear sus inmuebles, sino que cuando quieren hacerlo deben afrontar grandes gastos, tanto en infraestructura como trámites, por eso entendemos que se debe mejorar la normativa para facilitar los loteos y permitir contar con una mayor oferta y al mismo tiempo el Estado pueda ocuparse de las personas que no puedan adquirir un inmueble o vivienda”, destacó.

Presentaron proyecto

Martínez Quiles dijo que a fines de octubre presentaron un proyecto en el municipio capitalino, pero que hasta el momento no tuvieron respuesta. Asimismo entienden que tiene que haber un trabajo conjunto de todos los municipios y la provincia en este tema. “Es necesario un replanteo total de la normativa del código de planeamiento urbano, pero también no se debe perder de vista que existen muchas personas que necesitan terrenos y las estamos obligando a usurpar porque no les damos oferta, por eso a través de la Federación Económica del Chaco (Fechaco) convocamos a juntarnos y encontrar una solución para dejar de atacar las consecuencias y concentrarnos en las causas”.

La solicitud de trabajo conjunto se extiende a las autoridades provinciales, municipales y entidades prestadoras de servicios públicos como Secheep y Sameep, a los efectos de lograr la solución de los conflictos que involucran a tierras públicas y privadas, mediante una justa composición de intereses.

Enormes erogaciones

Destacaron desde el Colegio que “las leyes de expropiación han producido enormes erogaciones al Estado y como ya hemos dicho, derivaron en un efecto generador de nuevas usurpaciones, con la consiguiente violación a la propiedad pública y privada. Creemos que el Estado tiene un doble rol, por un lado arbitrar los medios para que las personas indigentes obtengan una vivienda y por otro la protección de la propiedad”.

La ley actual obliga a los propietarios que quieran lotear a trámites interminables, y onerosos en cuanto los obliga a hacerse cargo de toda la infraestructura (agua y luz en todo el perímetro de cada manzana) que en la mayoría de los casos supera el valor del terreno a subdividir, sin la posibilidad de recuperar la suma invertida, máxime cuando la venta es financiada hasta en 60 meses.