Esto fue afirmado por el titular de la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano del Chaco, Julio García, quien aseguró que “sabemos el modus operandi de este tipo de bandoleros”, con respecto al accionar de empresas privadas en conjunto con estudios de abogados y escribanos que presionan a comunidades indígenas para quedarse con sus tierras comunitarias que se encuentran protegidas por la Constitución Provincial y la Constitución Nacional.

Además, destacó el accionar de la fiscal de Sáenz Peña, Liliana Lupi, quién expeditivamente ordenó a la Policía Rural garantizar la seguridad a la comunidad mocoví de la zona conocida como “Raíz Chaqueña” –a 60 kilómetros de Pampa del Infierno- ante el intento de la firma privada de desalojar ilegalmente y por la fuerza a las familias aborígenes.

En diálogo con FM Libertad, García recordó que el conflicto tiene como protagonistas, por un lado, a miembros de una comunidad indígena que habitan una propiedad comunitaria. Y en ese sentido, aclaró que “no es una posesión sino una propiedad comunitaria de cinco mil hectáreas”. La otra parte del conflicto es una empresa “que se apoderó mediante una acción fraudulenta” de las tierras, debido a que la propiedad comunitaria indígena “está fuera del comercio”.

“Mediante distintos artilugios se fue tratando de desalojar a los miembros de las comunidades, y a los que resisten, que se encuentran en el lugar, han tratado primero de endulzarlos. Después, mediante maniobras engañosas acompañados por escribanos y por abogados, diciéndoles que se debían retirar”, reveló el funcionario provincial de la dirección que pasará a depender de la flamante Secretaría de Derechos Humanos del Chaco y no más del Ministerio de Gobierno. Y agregó que “cuando la gente se asesoró debidamente, primero con abogados locales y después acudió al gobierno provincial. Nosotros, básicamente por nuestra experiencia sabemos el modus operandi de este tipo de directamente bandoleras que usufructúan de la vulnerabilidad de la gente y de la buena fe”.

Elogios a la fiscal Lupi

García relató que “le dimos intervención a la justicia penal y la fiscal Lupi fue quien la semana pasada, ante un intento de desalojo forzoso de hecho por parte de miembros de la empresa, ordenó la protección de los miembros de las comunidades indígenas”. Y consideró que “esto a nosotros nos coloca en un lugar mucho más interesante, porque siempre la justicia ha actuado en estos casos en contra de los intereses o de los pueblos indígenas o de los pequeños campesinos”. Recordando que “el escenario de Santiago del Estero no está lejos de Pampa del Infierno como para no tener nosotros acciones preventivas”.

“Lo que se está investigando es realmente qué ha sucedido con esta operación comercial que tiene como víctimas a miembros de comunidades indígenas del pueblo mocoví”, precisó el titular de la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano.

García comentó que participando de este tipo de maniobras y operaciones ilícitas también “hay asesores legales del municipio de Pampa del Infierno y de Los Frentones”. Y advirtió: “Nosotros lo hemos dejado en manos de la justicia penal para que averigüe. Los funcionarios o los escribanos o los abogados, nadie puede alegar ignorancia de derecho avalando una operación que está absolutamente prohibida por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial”.