Oviedo dijo que en Junín hay dos empresa que se dedican a la vigilancia en boliches, que reúnen las condiciones y están en regla con el personal. El problema radica en que “los dueños de boliches no contratan a las empresas habilitadas y regularizadas, y te dicen que tienen un costo elevado y que prefieren otras que no están en regla”, según las declaraciones de Oviedo a LT20 Radio Junín.

Los reiterados hechos de violencia en los boliches de la ciudad y también de la zona, en los que participan jóvenes y “patovicas”, genera preocupación en todos lo ámbitos. Cuando se sancionó la ley se pensó que esto cambiaría, pero el problema no mermó y ya está tocando índices más que preocupantes.

Oviedo dijo que “hay muchos riesgos en la noche; la gente que es contratada solo va a trabajar y no mide las consecuencias de lo que pueda pasar, porque a los empleadores no le informan lo que debe hacer en un boliche donde hay miles de jóvenes. La gente no toma conciencia de lo que es hacer vigilancia”.

El delegado gremial aseguró que UPSRA realiza semanalmente controles en los boliches y que encuentran “muy poca gente que está habilitada para trabajar en la noche; los que ingresan a los boliches no son revisados, no hay medidas de prevención para que no pase nada”.

En relación a lo que pasa en la zona, Oviedo destacó que en ciudades como Pergamino, Chacabuco o General Pinto se "cumplen con los requisitos legales”, y que lamentablemente en “Junín no estamos lejos, pero aún no estamos a la altura de las circunstancias”.

Qué dice la Ley

La ley 26.370 (la Provincia adhirió bajo la Ley 13.964) creó un registro único de trabajadores y estableció tres categorías para ellos: controlador, controlador especializado y técnico en control de admisión y permanencia. Propicia “un trato igualitario a las personas en las mismas condiciones, en forma respetuosa y amable; cumplir el servicio respetando la dignidad de las personas y protegiendo su integridad física y moral”. También los obliga a hacer un curso (no se aclara de cuántas horas) que incluya derechos humanos, nociones de derecho constitucional y penal, nociones de adicciones, comunicación no violenta y primeros auxilios.

El régimen obliga a esas personas a contar con un carnet profesional y les prohíbe el uso de armas.