La Justicia Federal de Paraná ordenó este allanamiento en un predio ubicado en la zona de Isletas, en el Departamento Diamante. El procedimiento, que estuvo a cargo de la Policía de Entre Ríos y de Gendarmería, logró ubicar distintos elementos que avalarían la situación de trabajo esclavo de tres familiares que vivían en condiciones precarias en una empresa avícola y agropecuaria.

Se informó que hace pocos días una de las personas llegadas desde la provincia de Misiones, al sufrir un cambio abrupto de condiciones laborales por parte del empresario titular de varios galpones de pollos, decidió trasladarse escondido hasta Paraná, donde buscó asesoramiento en la Justicia federal y tras confirmar las violaciones a las que eran sometidos denunció en la Justicia al titular del campo ubicado en el centro del Departamento Diamante.

Frente a la denuncia, el juez federal Gustavo Zonis ordenó al personal de la División Trata de Personas realizar distintas tareas investigativas y de inteligencia para tratar de apuntalar las sospechas.

El personal dependiente de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, estableció que había indicios claros para afirmar las sospechas, por lo que el martes se ejecutó el allanamiento.

En el procedimiento se descubrió que las tres familias misioneras, compuestas por matrimonios y hijos pequeños, estaban viviendo en condiciones de salubridad y de habitabilidad muy precarias.

Además, con la documentación incautada se supo que el empresario les cambió las condiciones laborales con las que habían sido contratados. En un principio se les prometió una paga mensual por familia de 3.000 pesos, sin embargo con el paso de los días comenzaron a descontarles el dinero por el uso de la vivienda, la alimentación brindada, así como el uso de combustible u otros gastos normales en un establecimiento que se hace cargo del trabajo de los cuidados de los ocho galpones repletos de pollos y gallinas, como también de la explotación agroganadera.

En esa línea, se verificó que el trabajo no tenía horarios establecidos, que no existían horas extras, por lo que frente a la presión del empresario de ampliar las jornadas se hizo normal el pesado cuidado de limpieza de los galpones utilizando productos agroquímicos desde el amanecer hasta horas altas de la noche, publica.

En la denuncia se remarcó que el empresario amedrentó a los trabajadores con armas de fuego y amenazas de no pagarles por las tareas cumplidas. En el procedimiento también se encontraron dos armas no registradas que no fueron secuestradas.

El empresario, de 48 años, se hizo presente y no ocultó el malestar por la denuncia. Anoche se prosiguieron las diligencias que llevaron a iniciar las actuaciones judiciales y de aquí en adelante se definirá qué medida toma el juzgado de Paraná, que dispuso dejar una custodia preventiva hasta tanto se avance en la investigación contra el dueño de la granja agrícola.

Fuente: APF Digital