Casi 19 millones de pesos en calidad de subsidios recibió la compañía de transporte urbano de pasajeros que recorre las calles de la ciudad desde que disfruta de la concesión del servicio. A ese número hay que agregarle el monto equivalente por gasoil subsidiado que, en números actuales, asciende a 177.000 pesos mensuales. Este año entrarán en sus arcas, directamente desde los aportes de todos los contribuyentes, más de 7 millones de pesos. El transporte de pasajeros es un servicio público concesionado a una empresa privada. El afán de lucro empresarial tiene como límite el acceso de la gente de menores recursos a ese servicio. Y para lograrlo, después de la marejada neoliberal, se eligió una política de subsidios de obesidad inmanejable que se pagan con la recaudación del Estado. Por lo tanto, las empresas cobran un boleto accesible y pagan los ajustes salariales a sus trabajadores sin despeinarse demasiado. Aun así, como lo demuestra sistemáticamente la historia reciente de Olavarría, año tras año se suceden los planteos de aumento de tarifas con la compañía fiel de las presiones sindicales al Concejo Deliberante. Es interesante recordar que desde principios de 2008 no se había registrado una escalada del conflicto tan grave como el actual.

Según las explicaciones oficiales -fue el kircherismo quien armó el esquema para los servicios-, los subsidios se determinan sobre la base de una serie de variables: cantidad de pasajeros transportados, cantidad de colectivos, kilómetros recorridos, cantidad de personal y cumplimiento del Convenio de Trabajo, entre otros puntos. La necesidad de mantener la accesibilidad de los sectores populares a la tarifa se mantuvo en algunos casos, como en Capital Federal, donde está fija desde hace años con un mínimo de 1,10 pesos. Además, se buscó que esos fondos alcanzaran para no aumentar el costo del traslado de trabajadores y para el mantenimiento de las empresas.

El poder sindical a partir de la puesta en marcha de este esquema radica en que una de las pautas para acceder al subsidio y mantenerlo es que las empresas cumplan con el convenio colectivo de trabajo. Y en demasiadas ocasiones este poder se convierte en una suerte de accionar corporativo que, como en el caso de Olavarría, amenaza con quemar cubiertas dentro del edificio de San Martín y Alsina, y termina haciéndolo en la puerta. Además de las ya conocidas presiones a determinados concejales.

Una modalidad típica del Estado minimalista neoliberal fue desprenderse de cargas y arrojarlas en las espaldas de provincias y municipios. Ese Estado, destruido y con la corrupción enquistada, carga enormes responsabilidades en el último eslabón, que es el municipal. Que debe controlar cómo se gestionan los servicios públicos como el de transporte de pasajeros y definir si es pertinente un encarecimiento para el usuario. El Municipio debe autorizar, verificar y controlar que las empresas cumplan con las condiciones e informarlo a la Secretaría de Transporte de la Nación.

Es importante repetirlo: el transporte de pasajeros es un servicio público concesionado. Pero sigue siendo un servicio público. Y tanto su prestación como las tarifas que se cobran, son cuestiones que superan a la empresa y a los usuarios. Sólo hay que analizar de dónde provienen los recursos de las empresas: una parte de los subsidios (es decir, de todos los contribuyentes). La otra, de los boletos que pagan los usuarios.

El Intendente debe ratificar el cumplimiento o no de los requisitos para acceder al subsidio. Debe hacerlo en cada una de las planillas presentadas. El año pasado un bloque opositor acusó a una de las empresas de "falsear un balance" para aumentar el cobro de subsidios. Ni los desmintieron ni hubo sanciones.

Se dispuso la colocación de GPS en las unidades. ¿Se utilizaron los datos que aportaron en lo que hace a frecuencia de recorridos, cantidad de micros, etc.? Para el debate actual hubieran sido de gran importancia. No se analiza tampoco -porque lo único que se discute es la tarifa- la necesidad -o no- de ampliar o modificar recorridos a partir del crecimiento de la ciudad, de la ubicación de las escuelas, barrios más alejados, etc.

La apariencia de un "dejar hacer" desde el Estado abre las puertas al permanente reclamo tarifario, la típica advertencia de "vamos a tener que pagar los salarios desdoblados" y la consecuente amenaza sindical de parar. Una cadena ya archiconocida y leída con bastante claridad por los concejales radicales, que pidieron sanciones por "no cumplir con las obligaciones laborales, es decir por el pago desdoblado de salarios" y sospechando que "habría un acuerdo entre ambos concesionarios para abonar los haberes en dos veces para provocar la reacción de los trabajadores". En ese mismo rumbo, la concejal Mavi Wright (Coalición Cívica) dejó en claro que "las empresas han recibido subsidios para pagar los sueldos y los aumentos". Con un espíritu similar al que sostuvo Gustavo Alvarez mientras ocupó una banca en el Concejo Deliberante.

Las cifras publicadas en este informe surgen de la más oficial de las fuentes: la página web de la Secretaría de Transportes de la Nación, asiduamente consultada por esta periodista cada vez que el conflicto asoma con gesto plañidero de los empresarios. Desde enero de 2012 existe una nueva columna en la planilla de asignaciones de subsidios: ajustes salariales. Que en abril adjuntan 449.000 pesos extras para Nuevo Bus. Está muy claro que los aumentos pactados en paritarias están incluidos en las cifras determinadas por la cartera oficial. No hay razones legítimas para exigir aumentos tarifarios. Ni para que el poder sindical presione al deliberativo.

Una ciudad sin transporte público es inadmisible y quienes tienen la responsabilidad de que el conflicto se haya volcado sobre las espaldas más débiles deberán hacerse cargo.