Fuentes cercanas al mandatario provincial, indicaron que la intervención en principio será por 60 días, pero que la misma podría extenderse por 60 días más, esto en caso de que se demore el tratamiento del proyecto de declaración de utilidad pública que ya fue presentado en la Legislatura.

La intervención estará a cargo del actual secretario general del Concejo Deliberante de Puerto Deseado, Diego Marzioni, quien será supervisado de cerca por el ministro de la Producción de la provincia, Rafael Gilmatin, y por el gremio STIA, puesto, que, según lo indicado por algunos actores de la pesca, Marzioni no cuenta con el suficiente conocimiento y ni con la experiencia para llevar adelante un establecimiento pesquero de tamaña magnitud como lo es Vieira.

Una vez que se difundió la medida entre el centenar de trabajadores -foto- que desde horas tempranas esperaban este desenlace, la mayoría de ellos se marcharon a sus hogares, quedando solo un pequeño grupo en el edificio por temor a que se produzca algún robo, aunque una vez decretada la intervención, se dispuso una guardia policial que de ahora en adelante será la encargada de custodiar la planta y la flota.

Por su parte el ministro de la Producción Rafael Gilmartín, se mostró conforme con la firma del decreto, al señalar que se ha “dado un paso muy importante largamente esperado por los trabajadores quienes a partir de ahora podrán descansar tranquilos porque la empresa está en manos de la provincia”.

El SOMU se explotaría la planta y los barcos

Asimismo se supo que en las próximas horas se espera la llegada de directivos de la empresa San Jorge de propiedad del SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos) firma que explotará la planta y los barcos. En tanto desde el STIA (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación), señalaron que la prioridad principal es la salida de los barcos langostineros a la pesca cuanto antes para aprovechar las últimas mareas en aguas nacionales y evitar que caduquen los permisos por los tras largos meses de inactividad.

Sin mencionar la intervención por parte de la provincia, la empresa de capitales españoles sostiene que esta siendo asfixiada por “medidas de dudosa legalidad”.