Tal cual lo hicieron público, este tema es prioridad, y si bien no pudieron abordarlo la semana pasada, el objetivo es poder aprobarlo en la sesión de este miércoles, tarea que no será nada sencilla a partir de que los bloques como la Alianza y Libres del Sur expresaron diferencias.

Si bien la propuesta ya cuenta con despacho de dos comisiones legislativas, en la última sesión ante los reclamos del bloque aliancista se fijó que el tema pase por Constitucionales y Tierras, para que mañana llegue al recinto con otras evaluaciones.

El reclamo

En este contexto el diputado Carlos Martínez (Libres del Sur) volvió a fijar posición con el proyecto que asegura implica la entrega a la empresa de hasta 400 hectáreas de tierras públicas para la instalación de un emprendimiento agroindustrial.

“Hay que separar claramente lo que es la radicación de una industria y la generación de puestos de trabajo que es algo que el gobierno lo puede hacer porque cuenta con un régimen de promoción industrial establecido por ley hace muchos años -que contempla beneficios, desgravaciones y facilidades para que una empresa pueda radicarse en la provincia- y otra cosa muy distinta es el régimen de adjudicación de la tierra pública”.

Aseguró que “nuestra Constitución dice claramente que la tierra pública es para quien la trabaja, establece el procedimiento de adjudicación directa, determina que los beneficiarios son los pequeños productores, los pueblos originarios, las cooperativas y las entidades sin fines de lucro, esa es la regla”.

Para el legislador el proyecto enviado por el Ejecutivo es netamente inconstitucional, porque “si bien es cierto que la letra de la Constitución contempla un caso excepcional de entrega a sociedades mercantiles, es obligatorio crear un régimen legal previo con un nuevo órgano de aplicación para poder implementarlo”.

Tampoco dudó en dar cuenta de que “existen fuertes dudas que tienen que ver con que hace unos meses hubo también una carta de intención firmada con representantes de grupos saudíes que pretendían invertir en la zona del Impenetrable y el Gobierno en esa carta de intención le cedía a estos grupos en un supuesto comodato, que no existe, 200.000 hectáreas de tierras; esto es en pequeña escala similar a esa situación, lo que significa que este proyecto puede ser además un caballo de Troya para la entrega solapada de tierra pública a entidades mercantiles contraviniendo la Carta Magna”.