Se trata de agentes que ingresaron en el decreto anunciado por el Gobernador, el pasado 14 de abril, por el cual 2.669 contrados pasarán a la categoría permanente a partir de diciembre. Los antecedentes más comunes son robos, hurtos, contravenciones varias y lesiones culposas.
De los 2.669 agentes que el gobernador de la provincia, Eduardo Brizuela del Moral, prometió pasar a planta en el área de Obras Públicas, 207 no podrán hacerlo.
Según conoció LA UNION, por fuentes policiales, desde la secretaría de Obras Públicas, a cargo Marcelo Zanotti, se solicitó que los casi 2.000 empleados que actualmente están contratados, sean “identificados” y se les expida el certificado de antecedentes policiales.
Del total, 207 -según la misma fuente- poseen antecedentes. Casi todos por delitos contra la propiedad -robos y/o hurtos- y contravenciones varias, por lo cual se decidió que no ingresarán a la administración pública, según trascendió de fuentes internas de dicho organismo.
El anuncio del pase a planta de los 2.669 agentes del ministerio de Obras y Servicios Públicos y la secretaría de Medio Ambiente, fue realizado por el Gobernador el pasado 14 de abril desde el balcón de la Casa de Gobierno. Desde ese momento, el personal era, en primera instancia, incorporado mediante contratos de locación, lo que les permitía desde ese mismo instante gozar de todos los beneficios de un empleado de planta de la administración pública. Luego, transcurrido seis meses, se incorporarían “automáticamente” a planta, previos trámites administrativos, entre ellos la solicitud del certificado de antecedentes en la Policía de la Provincia.
Entre fines de abril y principio de mayo, el secretario de Obras Públicas Marcelo Zanotti elevó una nota al departamento de Antecedentes Policiales, solicitando una especie de “turno” especial para los agentes, en virtud de que se trataba de 2.000 personas.
Desde dicho organismo se enviaron listados de 50 personas en forma diaria, pero no todos cumplieron con la citación. Hace unas semanas atrás, el funcionario se habría entrevistado con el personal policial que emite los certificados para conocer el motivo por el cual 250 trabajadores no habían recibido el certificado todavía. Tras el control de las planillas “saltó” que los mismos no se habían presentado, por lo que fueron intimados para que lo hagan, pero cuando estos empleados pasaron por el departamento de Antecedentes se detectó que unos 207 tenían antecedentes policiales, situación que ya era conocida por los interesados. En algunos casos, según comentaron las fuentes consultadas, se les entregó a aquellos que lo solicitaron, una planilla de antecedente en la cual se describe el delito del que se lo acusa y el fiscal que tiene a cargo la investigación. Con ello, la persona podía solicitarle al magistrado la resolución de la misma o el dictado de sobreseimiento. No obstante, es decisión del empleador , en este caso del Estado, tomar o no a un empleado con antecedentes policiales.
Los antecedentes
Según pudo saber este diario, los antecedentes más frecuentes fueron robo, hurto y contravenciones varias. En menor cantidad, aparecen lesiones culposas.
En todos los casos, las causas se encuentran en la etapa de instrucción, es decir que no fueron aún elevadas a juicio.

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