La situación entre la AJB y el Poder Ejecutivo provincial surgió porque hay una deuda de larga data con los empleados judiciales por la porcentualidad que es la antiguamente denominada "ley de enganche", donde los empleados iban enganchados con los aumentos de los jueces y cada vez que les aumentaban a estos últimos, a los emplea-dos también.

"Aproximadamente en el año 1993, con un decreto de Cafiero (Antonio), la ley de enganche no se siguió llevando a cabo y eso hizo que haya mucha diferencia entre los sueldos de los jueces y los de los empleados. El gremio en su momento realizó una demanda con respecto a la baja de la ley y el año pasado hubo un fallo a su favor donde se manifestó que fue inconstitucional la ley de enganche para los empleados judiciales", explicó Castro.

Si bien la sentencia no quedó firme, el Poder Ejecutivo se comprometió a tratar el tema porcentual y el gremio hizo un trabajo con una tabla donde se exponían los valores que le correspondería a cada empleado. Hubo una reunión con el Poder Ejecutivo en noviembre del año pasado, se intercambiaron opiniones y se hizo una impasse hasta este año.

Según Pablo, "nosotros empezamos en febrero, la segunda semana hubo un paro de 24 horas porque no se cumplió la promesa del año anterior de llamar a reunión, luego de ese paro el Poder Ejecutivo llamó al gremio para dialogar, dijo que iba a estudiar el tema y en diez día volvían a citar, dijeron que entendían el problema de la porcentual pero en este momento la Provincia no estaba en condiciones de llevarlo a cabo y no era viable. Ni si quiera se habló de un aumento para este año entonces el gremio realizó asambleas departamentales en todos los departamentos de la provincia y por unanimidad, las 18 departamentales que comprenden la provincia de Buenos Aires, se decidió un paro que fue el miércoles 7 de marzo, por 24 horas".

El mismo día miércoles hubo una movilización en La Plata donde asistieron más de 1.500 judiciales de toda la provincia que a la vez fueron apoyados por la Federación Argentina Judicial, es decir que comprendió a todos los judiciales de la Nación.

Hoy viernes se realizará una reunión para evaluar el lunes próximo, si no hay respuesta de parte del gobierno provincial, con qué medida se sigue según lo dialogado en las departamentales.

"Generalmente los judiciales arreglamos después de que arreglan los docentes, y de hecho los docentes también están en conflicto, hubo un paro de 48 horas esta semana y todavía no los llamaron por ninguna propuesta, nosotros dependemos un poco de eso, porque detrás de los docentes venimos todos los empleados estatales", declaró Castro y agregó "según el porcentaje que arreglan los docentes, más o menos es el mismo que arreglamos nosotros".

Respecto a los valores, el representante del gremio afirmó que "no se habló todavía del porcentaje que se pide como aumento dejando afuera la porcentual que es otra cosa, pero son más o menos los valores que piden los docentes. El gobierno por estos días va a dar por cerradas las paritarias y va a ser otro gran problema porque va a dar un aumento y el cierre va a dar pie a seguir con conflictos, así que dependemos del gobierno provincial".

Los empleados judiciales de Bolívar coinciden en el punto de vista que no se le presta tanta atención al aumento de sueldo sino a recuperar la porcentualidad que "se perdió hace 20 años, hay un fallo a favor nuestro y la provincia hace oídos sordos. Si pudiéramos recuperar la porcentualidad sería un cambio en los ingresos importante y eso calmaría un poco la situación que se está dando y a la vez creo que la porcentualidad es algo coherente porque hay un desfasaje muy grande entre lo que gana un juez de Corte a lo que gana un empleado que recién comienza, son casi 30 veces a 1 y eso no pasa en ninguna parte del mundo", dijo Castro.

"En los países desarrollados como en Europa, el gerente general gana a lo sumo 5 veces más que un empleado que recién empieza, entonces esa disparidad hace que siempre haya conflictos, nunca podemos estar al alcance del mayor rango. La lucha es por recuperar la porcentua-lidad, si después hay un aumento de sueldo bienvenido sea", completó.

Los empleados reconocen que muchas veces la que se ve perjudicada es la gente porque se retrasa el tema de las resoluciones y atención al público pero "es una herramienta constitucional que tenemos para poder recuperar lo que realmente nos corresponde", aseguró Pablo y agregó "yo como delegado no soy de tomar medidas de fuerza pero muchas veces no nos queda otra, últimamente los logros que se han hecho a través del gremio tenemos que apoyarlos porque nos benefician a nosotros también, es una forma desde nuestro pequeño lugar de acompañar a los compañeros judiciales de la departamental".

El pensamiento del representante gremial es que el diálogo y aflojar desde las dos partes sería lo mejor pero a su vez, "la gente hoy por hoy entiende un poco a los trabajadores y el tema de los reclamos salariales porque es la única medida que nos queda para forzar al Poder Ejecutivo para que cumpla con nuestro pedido".

Por último, Pablo dio a conocer que la Federación Argentina decretó otro paro para el miércoles de la semana que viene por 24 horas.