Los primeros en exteriorizar el malestar fueron los empleados del organismo nucleados en Sitea, pero a pocos días del anuncio que hizo Adrián Cerroni, titular de Hacienda, desde Rodolfo Quiroga, director de Rentas, hasta los delegados de la repartición mostraron un total desacuerdo con la medida.

La queja de todo el arco jerárquico de la DGR es que mientras aumenta la recaudación, algo de lo que hizo alarde el ministro 15 días atrás en la Legislatura, la repartición cuenta cada vez con menos recursos económicos y de personal para hacer frente a las obligaciones que le demandan.

Estos reclamos fueron expuestos ante el ministro Cerroni en una reunión a puertas cerradas en el segundo piso de Casa de Gobierno la semana pasada. Pero el repudio no fue solamente de palabra, también iniciaron un expediente por mesa de entrada para dejar constancia de la oposición que hay a delegar en una empresa privada atribuciones exclusivas del Estado.

En la pieza administrativa 7453 D del 17 de junio se detallan parte de las falencias que tiene la repartición producto de las desinversión.

De acuerdo al informe elaborado por los funcionarios, en 1998 la DGR disponía de un 4,08% de recursos en relación a lo recaudado. En 2010, el incremento de la recaudación es siete veces mayor pero la participación de Rentas disminuyó a la mitad.

En lo que hace a la evolución de la planta de personal, en el '98 había 385 empleados y 13 años después cuenta con 428. Es apenas un 11% más de agentes mientras que la plantilla de contribuyentes, según datos extraoficiales, pasó de 920.000 a fines de los '90 a casi 1.600.000 en 2011.

Otra de las falencias más llamativas de la DGR es la escasa cantidad de gente que tiene a disposición para controlar.

En 1994 Rentas contaba con 129 verificadores en toda la provincia y en 2011 solo hay 31, es decir un 60% menos de personal. En lo que hace a los agente de fiscalización externa, de 48 a mediados de los '90 se redujo a 51 en la gestión de Julio Cobos y siguió en franca caída durante la gestión de Celso Jaque: en la actualidad solamente hay 38 inspectores.

En tanto ayer los empleados nucleados en Sitea volvieron a reclamar en la Legislatura. La semana pasada estuvieron reunidos con diputados y ahora fue el turno de la comisión de Hacienda del Senado. Desde el gremio estatal critican la medida porque consideran que la licitación se hace a destiempo porque falta sólo medio año para que culmine la gestión de Jaque y, por esa razón, temen que sea una "licitación dirigida" hacia alguna empresa que tenga acceso privilegiado a la información impositiva provincial.

También remarcaron que lo más conveniente para Mendoza es desarrollar un sistema propio. "Los mejores ejemplos de gestión son el de la AFIP y el de la provincia de Buenos Aires y en los dos casos es el propio Estado del sistema, con el personal capacitado", aseguró el sindicalista Fernando Orellano.

Dentro de las acciones llevadas adelante por Sitea, el martes realizaron una presentación en Fiscalía de Estado objetando la licitación. Esto es porque se estima que la empresa cobrará hasta un 30 por ciento de excedente de la recaudación mensual y que la Dirección de Rentas dejará de hacer los cobros violando la Ley de Contabilidad y la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Esta presentación del gremio, obligó al fiscal de Estado Joaquín de Rosas a rever el expediente. Fiscalía había dado dictamen favorable a la medida, y ahora "se analizará", expresó.