A nosotros nunca nos dijeron que venían de parte del gobierno y mucho menos de parte de Amado Boudou.” La declaración coincidió entre los seis empleados de la ex Ciccone que fueron llevados a la fiscalía que comanda Carlos Rívolo y cuyas declaraciones testimoniales forman parte de la causa que investiga delitos en el levantamiento de la quiebra de la firma. Tiempo Argentino reunió a los seis operarios que confirmaron que mantuvieron sólo dos reuniones por motivos laborales con Alejandro Vandenbroele, en su calidad de representante de The Old Fund, y desmintieron así al diario Clarín, que había consignado que en el expediente judicial lo que declararon comprometía al vicepresidente. “Quedamos en medio de una batalla mediática y política porque esto es una mina de oro. Nosotros lo que queremos es trabajar”, aseguraron, al tiempo que deslizaron que era un secreto a voces puertas adentro de la empresa que, previo a la quiebra, el Grupo Clarín había realizado una auditoría de varios meses con intención de quedarse con la compañía.

Nunca nadie les mencionó a Boudou o al gobierno. Nunca afirmaron que su amigo y socio, José María Núñez Carmona, había sido quien recorrió la planta que la ex Ciccone tiene en la localidad bonaerense de Don Torcuato. En rigor, nunca lo vieron ni lo conocen, afirmaron. Todo esto figura en sede judicial. “Le preguntamos si tenía cómo traer trabajo. Él contestó que se iban a hacer los movimientos para traerlo. En ningún momento dijo que iba a ser mediante un acuerdo con el gobierno o con nadie”, aseguró Gabriel Carná, que desde 1994 trabaja en la firma. Junto a otros cinco de sus compañeros fueron conducidos aquel 23 de marzo a Comodoro Py, luego de CVS fuera allanada, dos en un móvil de la Gendarmería y los otros 4 en el auto de uno de ellos. “Vandenbroele jamás se reunió con los 200 trabajadores para decir nada, eso es otra mentira. Sólo con la Comisión Interna”, aclaró Juan Carlos Barbosa, con 22 años de carrera.

“Nunca mencionaron un solo nombre”, aseguró el más veterano de los seis: Jorge Thierbach. Es operario gráfico desde 1978 y declaró que el “grupo inversor compró el 70% de las acciones a los hermanos Ciccone que se quedaron con un 30. Ellos estaban en busca de trabajos para reactivar la empresa y nosotros le manifestábamos que necesitábamos trabajos de impresiones fiduciarias.” También afirmó que aquel día del allanamiento, minutos después que la Gendarmería arribara, tres fotoperiodistas llegaron a la planta detrás de los funcionarios judiciales que iban a cumplimentar el operativo.

El primer encuentro con Vandenbroele fue recordado por todos en torno a julio de 2011, cuando se presentó como representante del grupo inversor que se hizo cargo de la empresa. “La primera vez que lo vimos le planteamos si tenía en claro el tipo de trabajo que hace la empresa, que es la impresión de valores. Él nos dijo que había venido a poner la empresa en funcionamiento, que entendía el trabajo y que lo iba a conseguir, pero no nos dio mayores precisiones”, declaró Daniel Rodríguez, operario desde 1989. “Preguntamos qué iba a pasar con los trabajadores, y si iba a haber algún contrato con el Estado, a lo que nos respondieron que tenían buenos contactos con el Estado”, declaró por su parte Carná. “No es una empresa que pueda trabajar para privados. Se trabaja con los estados nacional o internacional. Él nunca dijo venir de la mano del gobierno”, le dijo a Tiempo el delegado. “Nos reunimos con Máximo Lanusse –el vicepresidente de CVS– para hacer reformas edilicias, arreglar y preparar máquinas para futuros trabajos que según nos decían podían tratarse de impresión de papel moneda, chapas patentes y cédulas de identificación automotor, entre otros trabajos de impresión de valores”, relató ante el fiscal.

“Nosotros le preguntamos si sabía para qué estaba preparada la fábrica, ya que es viable únicamente para imprimir valores, como por ejemplo billetes, papel moneda, billetes de lotería, chapas patentes, es una fábrica para trabajar con el Estado. Nos dijo que nos quedáramos tranquilos, que él iba a traer trabajo vinculado con la impresión de papel moneda y que no iba a haber problemas con los salarios”, declaró Barbosa en sede judicial. Ciccone Calcográfica imprimió desde 1991 a 1993 billetes de 10 y de 50 pesos, además de todas las cuasimonedas que circularon en la Argentina en el marco de la crisis de 2001, por un total de 7600 millones de pesos.

La segunda reunión con la cúpula de CVS fue ubicada en torno a febrero de este año. “Lanusse mencionó la posibilidad de que por lógica la empresa obtuviera algunos de los trabajos para la que está preparada. Relativo a la posibilidad de trabajos de la empresa, sostiene que Vandenbroele se llevó más información de ellos que lo que pudo aportar y cuando le era preguntado por esta cuestión respondía que el grupo inversor no lo autorizaba a dar más información”, declaró Pablo León, otro de los delegados. En esa oportunidad, el titular de CVS reiteró que “nos iban a traer trabajo acorde a la fábrica”, suscribió Rodríguez. “El comentario del fiscal es que hubo coincidencias en las declaraciones de todos”, recordaron los operarios cómo fue el proceso en donde se les tomó testimonial por separado con funcionarios de la fiscalía y con el propio Rívolo controlándolas.

Tampoco es cierto –sostienen– que hubiera despidos. Cuando alquiló la planta por un año, Boldt acordó el despido de una treintena de personas vinculadas con los hermanos Ciccone, en su mayoría jerárquicos. “Todo esto es una gran mentira en la que nos quieren ensuciar a nosotros. Cuando por el año 1997 empezamos a tener problemas, ahí se rumoreaba que uno de los grupos que pretendían quedarse con Ciccone era Clarín”, sostuvo Diego Florentín, algo a lo que todos sus compañeros asintieron. <

La clave

BILLETES

Funcionarios del Banco Central están ultimando detalles para que la ex Ciccone absorba el excedente de producción de billetes derivado de la Casa de la Moneda en la única imprenta de Latinoamérica con las medidas de seguridad indicadas para imprimir papel moneda.

Ponen en duda la legitimidad de las pruebas

Fechas que no coinciden. Ausencia de sellos. Diferentes caligrafías. Hasta ahora, las pruebas que la justicia encontró en el allanamiento al edificio de Juana Manso 740 en Puerto Madero y al departamento propiedad de Amado Boudou, en el marco de la causa Ciccone, nunca habían sido dadas a conocer en su totalidad. Tiempo Argentino tuvo acceso al expediente que fue girado en las últimas horas al nuevo juez a cargo del caso, Ariel Lijo, quien en los próximos días lo analizará para definir, en principio, el futuro del fiscal Carlos Rívolo, quien llevaba adelante la instrucción. Su desempeño fue cuestionado por la defensa de uno de los investigados, José María Núñez Carmona, que solicitó su apartamiento, al señalar que hizo “una manipulación de la prueba”. Los elementos secuestrados el 4 de abril pasado fueron ampliamente difundidos mediáticamente como la supuesta comprobación del vínculo entre el vicepresidente y Alejandro Vandenbroele, titular de la ex Ciccone, pero se omitieron datos relevantes que comprometerían la validez de la prueba hallada.

Tres recibos de expensas fueron encontrados en la carpeta correspondiente a la unidad de Boudou en la administración del edificio. Sólo uno se dio a conocer y con la fecha de pago errónea ya que no data de agosto del año pasado, sino de febrero, es decir que no fue el último pago registrado por el departamento. “11.02.11” es el día del pago anotado en la boleta número 100316 por un total de 1288 pesos. En el lugar destinado al pagador aparece escrita a mano una cruz y luego el nombre “Alejandro Vandenbroele”, escrito con una caligrafía distinta a la de la fecha y también a la del monto del pago. Curiosamente, es el único comprobante de los tres que no tiene el sellado del Banco Santander Río. No sucede lo mismo con los otros dos recibos incautados que sí registran una fecha certificada por la entidad bancaria.

En tanto, otro de los recibos hallados data, en apariencia, del 11 de enero de 2011, a pesar de que el sello de caja del Santander es del 14 de ese mes. El campo destinado a la fecha también tiene un registro caligráfico distinto entre el número de día y la forma en que se escribió el número de año. En esta boleta 100138, el campo del nombre del pagador está en blanco y el monto del depósito es de 1228, similar al que habría abonado Vandenbroele. El 28 de julio de 2011 con la boleta número 101079 a través del Santander Río fueron depositados 6000 pesos con destino al Consorcio River View, CUIT 30708254211. La cobranza electrónica aparece sellada el mismo día por el banco. Manuscrito, en el lugar del nombre figura PhillipBirtasevic, el ciudadano canadiense al que Boudou le habría comprado el departamento.

Fuentes allegadas a las defensas de los imputados indicaron que tampoco serán viables las pericias sobre los tres teléfonos inalámbricos, únicos elementos secuestrados en el interior de la propiedad. No se los preservó para mantener inalterables las condiciones técnicas que permitirían un eventual estudio sobre los mismos. Tampoco surgió evidencia de peso de la cadena de mails incautada en la administración del edificio, que señalaban, en un principio, a Vandenbroele como el contacto entre la administración de River View y el inquilino de Boudou residente en Madrid, Fabián CarossoDonatiello. En el expediente que instruyó Rívolo y que hasta esta semana encabezó el juez Daniel Rafecas, figura un solo intercambio entre una representante de la administradora y Vandenbroele, que sí data de agosto del año pasado. En el aviso de envío de expensas vía mail por parte de la Administración Vielmi SA, fechado el 1 de agosto, la respuesta del director de la Compañía de Valores Sudamericana (CVS) a las 4:04 PM fue: “Estimada Nadia, yo no vivo en Riverview, por favor sacarme de la lista. Gracias.” La respuesta de la administración, cinco minutos más tarde, daba cuenta del cumplimiento de ese pedido.