La Unidad de Delitos Especiales, a cargo de los fiscales Juan Pablo Morales y Marcelo Sago, continúa reuniendo elementos de prueba en el marco de la investigación por supuestas irregularidades en el otorgamiento de créditos a través del Fondo para el Desarrollo Turístico (FONDETUR).
El proyecto se denomina "Huayry Punco" (ampliación y terminación) bajo el expediente S-23543/2008 y la entrega de los fondos se realizó el 21 de diciembre de 2010. Es la misma fecha en que un hombre de apellido Tagua recibió 100 mil pesos por la primera mitad de un crédito FONDETUR para desarrollar un emprendimiento en Fiambalá (Tinogasta), el cual es inexistente y de cuyo supuesto inversor -de origen mendocino- se desconoce el paradero.
Sin embargo, junto a los proyectos de Huayry Punco y el de Tagua, también recibieron sus respectivos cheques otros 9 emprendimientos financiados con fondos de Turismo. Y es ahí donde la Justicia centró ahora su atención de la investigación a raíz de una denuncia motivada por el propio secretario de Turismo, Edgardo Ávalos, pero que fue determinante para la revisión de toda la operatoria. Esto incluye también a la gestión de Catalina Krapp, en la cual se otorgaron la mayoría de los FONDETUR, que datan de 2004.
Testimonios
En la jornada del miércoles, los fiscales de la Unidad de Delitos Especiales incluyeron en la causa el testimonio del comprador del terreno que Tagua poseía en Fiambalá, donde había proyectado la supuesta construcción de cabañas alrededor de una pequeña bodega. Pero el mendocino vendió el terreno antes de que Turismo le entregase los 100 mil pesos restantes del crédito. Según trascendió, la venta del terreno no representaría inconveniente alguno al comprador de buena fe.

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