La vida de Miguel Álvarez cambió radicalmente este año. Pasó de estar a cargo de los controles técnicos de taxis y colectivos en la Municipalidad de San Luis a ser cesanteado por el intendente Enrique Ponce.

“Me siento discriminado por pensar diferente”, sostuvo el hombre de 45 años que hace tres meses se quedó sin su única fuente de trabajo y hoy presentará una demanda contra la Comuna por despido sin causa.

El “pensar diferente” lo atribuye a que es afiliado del Partido Justicialista puntano y que la nueva gestión municipal decidió no renovarle el contrato porque lo identificaban con el gobierno provincial.

"Eso fue lo que me dijo el secretario de Gobierno (Julio Fagés) en la única entrevista que tuve después que me comunicaron verbalmente que no iba a seguir trabajando", dijo a El Diario de la República.

"Yo no tengo problema en admitir que cuando estuvo la doble Indendencia trabajé para la de María Angélica Torrontegui porque Pérsico quiso sacarme cuando me negué a levantar a mansalva autos de la calle sólo para incrementar la recaudación. Tampoco en reconocer que fui fiscal y que anduve en algunas caminatas con los candidatos justicialistas", recordó quien llegó a la redacción con una certificación de trabajo firmada por la directora de Recursos Humanos de la Comuna, Edda Saidman. Allí constata que su ingreso a la administración fue el 1 de setiembre de 1999 y su cesantía, el 31 de diciembre de 2011.

"Fueron trece años en los que me esmeré para superarme en lo que hacía", sostuvo quien se capacitó dos veces fuera de la provincia y afrontó los gastos por sus propios medios. "Por eso soy inspector de tránsito y transporte", saca pecho.

Miguel exhibe como credenciales un legajo impecable y sin inasistencias y considera que ni su afiliación al Sindicato de Trabajadores Municipales pesó para conseguir la reconsideración laboral. "Fagés me dijo que hiciera una nota pidiendo mi reincorporación. La hice, no me respondieron y sólo recibí la carta que enviaron a todos los despedidos. Así nunca supe formalmente por qué me echaron", describió el hombre que tiene cuatro hijos a su cargo.

Álvarez se enteró de que no iba a continuar en el Municipio a través del director de Transporte Público y Semipúblico, Facundo Cañas Morcino. "Él me transmitió en enero que dejaban sin efecto mi contrato por una orden de arriba, pero tampoco me dio los motivos", asegura sobre el comienzo de su calvario. "A partir de ahí me tuvieron a las vueltas hasta que me atendió Fagés y yo le aclaré que no estaba en el Municipio hace seis meses, como habían dicho ellos de los despedidos", sentencia el ex empleado, que ahora deposita sus esperanzas en la Justicia para que, al menos, consiga un resarcimiento económico por el despido.