Después de que Telecom enviara al Municipio una nota en la que reclamaba la anulación de las sobretasas a los servicios de telecomunicaciones, el gobierno de Juan Jure le advirtió a representantes de la empresa que irá a fondo con la legislación en vigencia y que le aplicará fuertes multas si no introduce en sus facturas el recargo de 2,5 por ciento que comenzó a regir desde el 1º de este mes.

El viernes pasado, el abogado de la telefónica, Armando Carbonetti ingresó por Mesa de Entradas del Palacio Municipal una nota en la que hacía un análisis jurídico y práctico de las sobretasas que alcanzarán a los servicios de TV por cable, internet y telefonía fija y celular con abono. El letrado no sólo llegaba a la conclusión de que los nuevos impuestos municipales son inconstitucionales, básicamente porque se contraponen con la regulación nacional sobre las telecomunicaciones y con la ley de coparticipación, sino que, además, planteaba que es imposible para Telecom, que está presente en más de 4 mil municipios del país, generar un sistema que se adapte a las disposiciones particulares de los gobiernos locales. Como consecuencia, Carbonetti pedía que no se aplicaran los tributos y que, además, se anulara la ordenanza.

En su escrito, el abogado de Telecom además señalaba que la telefónica no aplicaría las sobretasas porque asumiría el riesgo de recibir las mismas demandas que, a su juicio, sufrirá el Municipio por la instrumentación de la ordenanza.

Sin embargo, desde el Municipio indicaron ayer que “es decisión tomada” avanzar con los nuevos tributos y que ya le advirtieron a Telecom que le aplicarán multas que pueden llegar al 100 por ciento de lo que el Estado tenía previsto recaudar. Esa es la sanción que establece el Código Tributario para las empresas que son designadas agentes de percepción y no cumplen con su obligación.

“No puede ser que una empresa privada, por más grande que sea, se adjudique la facultad de decirle a un Estado qué está bien y qué está mal, cuando una ley es constitucional o inconstitucional. Eso debe definirlo la Justicia y, por supuesto, si no está de acuerdo todavía tiene la opción de ir a la Justicia. Pero primero va a tener que obtener un fallo favorable y, recién después veremos. Ahora que cobren las sobretasas”, indicó un alto funcionario del gobierno municipal.

El factor De la Sota

Uno de los elementos que terminaron decidiendo al Ejecutivo local a insistir con las sobretasas, que en un momento parecían inviables de aplicar, fue que el gobernador José Manuel de la Sota hizo aprobar en la Legislatura un impuesto similar: en este caso, un recargo a los combustibles. Desde el Municipio entendieron que la lógica de ambos tributos era la misma y, por lo tanto, si la Provincia avanzaba con un adicional sobre las naftas, el Estado local podía hacerlo sobre los servicios de telecomunicaciones. Además, cuando De la Sota planteó la tasa vial, el justicialismo riocuartense, que había planteado una fuerte oposición contra las sobretasas y que había presionado públicamente a la Defensoría del Pueblo para llevar la ordenanza a la Justicia, terminó aplacando sus críticas. Cuestionar los impuestos de Jure era criticar, a la vez, la tasa vial con la que el gobernador espera aliviar el complicado cuadro financiero que padece.

El panorama a favor del gobierno se Jure se completó con el dictamen de la Fiscalía General de la Provincia, que desestimó la acción de inconstitucionalidad que presentó la Defensoría contra las sobretasas de Jure.