El gobernador, Celso Jaque, tiene muchos desafíos hasta dejar su mandato.En ese camino hay uno que puede ser poco popular, pero sí trascendente: en sus manos está buena parte del futuro institucional de la provincia. Este año tendrá que nombrar al menos dos ministros de la Suprema Corte de Justicia (que podrían ser cuatro) y al fiscal de Estado, piezas clave en el control y el desarrollo de las instituciones.

A ellos se les suman jueces y otros funcionarios, que arman una "bolsa" que el Gobierno tiene que consensuar.Se trata de cargos que necesitan acuerdo del Senado y por eso para Jaque es clave negociar con la oposición.Pero no es lo único.Además de sus "rivales" políticos, hay tensiones dentro del propio Gobierno y el Partido Justicialista para ocupar esos espacios con hombres y mujeres afines.

En la Corte se comenzó a concretar la renovación que se planifica desde hace tiempo.AídaKemelmajer ya presentó la renuncia porque se aprobó su jubilación y Fernando Romano también tiene su retiro listo, según consta en la Anses. A ellos podrían sumarse Carlos Böhm y PedroLlorente, que tienen el trámite en proceso.

Los tres partidos políticos con mayor representación (UCR, PJ y PD) ya hablan de los "perfiles" que deben tener los nuevos ministros de la Corte, que en los últimos 10 años mantuvo duros choques con las gestiones de turno, y aseguran que hay que priorizar "la idoneidad" y la independencia (ver aparte).

Al mismo tiempo, tratan de alejar los rumores de "acuerdos políticos para posicionar amigos" de los propios partidos. En ese sentido quieren desmentir que los cargos se repartan en tres para conformar a la UCR, al PD y alPJ.

La oposición exige que no haya demoras en los reemplazos, tal como ocurre con el fiscal de Estado. El dato no es menor, pues en Mendoza la Corte resuelve también los temas judicializados que tienen que ver con la administración del Estado.

Para Jaque no será sencillo.Los encargados de aprobar o no las postulaciones serán los senadores que asumirán el 1° de mayo próximo.Y se espera una negociación dura.

Jubilación y renovación

Los jueces mendocinos y los responsables de organismos de control lograron el beneficio de jubilarse con el 82% móvil, por lo que ya se inició una carrera para acogerse a esa posibilidad.

El caso más importante es el de la Suprema Corte, que tiene siete miembros y sólo el presidente del cuerpo, AlejandroPérez Hualde, no tiene la edad para jubilarse. El resto, espera para su retiro.

En Mendoza esos cargos los designa el gobernador con acuerdo del Senado, con la mediación de una audiencia pública no vinculante. Por ahora nadie piensa en imitar lamedida adoptada por Néstor Kirchner en 2003 (a través del decreto 222), cuando autolimitó las facultades para nombrar jueces e hizo más transparente el proceso.

De hecho, a nivel nacional el presidente tiene un mes de plazo para postular candidatos y se hace una exhaustiva radiografía pública de los postulados.

Hasta ahora el gran elector de ministros de la Corte local fue el radicalismo: seis de los siete jueces los designaron gobernadores de la UCR y en la lista hasta hay ex legisladores de ese partido.

Sin embargo, el cuerpo no tiene grandes cuestionamientos. De hecho, ningún ministro ha sido sometido ajuicio político desde que volvió la democracia y sólo se han retirado por jubilación. "Hay equilibrio en la Corte y nadie puede decidir sin consenso. En Mendoza, las instituciones funcionan", se ufanan en el Poder Judicial.

El Gobierno aún no inicia la ronda de consultas con la oposición, pero sabe que lo tendrá que hacer. Antes debe resolver puertas adentro las disputas internas. Por un lado, algunos intendentes y un grupo de dirigentes peronistas con experiencia quieren que el "PJ ocupe espacios en otros poderes".

En ese sentido apuntan a que para la Corte y Fiscalía sean propuestas personas que cumplan con el perfil profesional, pero que tengan trayectoria dentro de ese partido. Pero no son los únicos. Dentro del Ejecutivo hay quienes se autodefinen como una renovación y hacen lobby por hombres afines y con menos perfil político.

En Casa de Gobierno hablan de una "oferta global de candidatos que necesitan aval del Senado". Pero esperan que haya fuertes debates por la incorporación de figuras de peso en la Cámara alta. Además de los ministros de la Corte, hay casi 80 jueces que se espera nombrar.

Pero las negociaciones no son por todos. A los jefes políticos del oficialismo les interesan los cargos de "camarista para arriba". También deben renovar un síndico en el Casino y un director del EPRE, si es que no se interviene ese organismo.