El Tribunal Oral Federal juzgará desde hoy la conducta del ex funcionario y algunos de sus colaboradores en el Rectorado, para determinar si existió responsabilidad penal al contratar mediante licitación privada (debía ser pública) a una empresa constructora por obras cuyo monto alcanzaban -en plena época de la “convertibilidad”- un valor del orden de los 6 millones de dólares.

Según las denuncias presentadas desde la auditoría interna de la universidad, la obra habría tenido un sobreprecio superior al 30 por ciento, lo cual incluyó refacciones en el edificio de km. 4 y demás sedes universitarias. A lo largo de la investigación, desde la defensa de los principales imputados se adujeron razones de celeridad para acceder a los créditos que la institución tenía aprobados, lo que habría sido uno de los justificativos para no realizar el llamado a licitación y acudir a la contratación directa.

El juicio tendrá 10 testigos citados y se desarrollará a lo largo de 5 días, con un total de cinco imputados. La audiencia será presidida por el doctor Enrique Guanziroli, mientras el Tribunal estará integrado además por los doctores Pedro De Diego y Nora Cabrera de Monela.

Fuentes judiciales admitieron esta semana que la operatoria habría sido aprobada por el Consejo Superior, lo que será otro de los elementos que deberá verificarse durante el juicio.