Para dar solución al “desfinanciamiento” del sistema de salud pública provincial, el bloque legislativo del PJ presentó un proyecto de ley tendiente a habilitar “un conjunto de herramientas de carácter financiero, que permitan dotar al sistema de salud de los fondos necesarios” tanto “para sortear satisfactoriamente los problemas de distorsión salarial y de deterioro de la carrera sanitaria” como para garantizar “la dotación de insumos, equipos y construcciones que se requieran para optimizar las prestaciones hospitalarias”.

A tal fin, declara la emergencia sanitaria hasta el 31de diciembre de 2014 y crea un comité provincial de crisis del sector salud, integrado dos representantes del ministerio de salud; 1 representante por casa asociación de profesionales de los hospitales públicos; 2 por los sindicatos del sector de la sanidad; 3 por la Legislatura y 1 por el Tribunal de Cuentas, que tendrá la responsabilidad de organizar y coordinar la utilización de los recursos destinados a la atención de la emergencia sanitaria, como así también de analizar iniciativas e implementar acciones tendientes a resolver las diversas problemáticas que sufre el sector, según precisa el legislador Eduardo Barrientos, autor de la iniciativa.

El Parlamentario propone dotar de mayores recursos económicos al sector de la salud, para lo que propone crear en el ámbito del ministerio de Salud el “programa de fortalecimiento financiero del sistema de salud pública provincial”, al que destina el “50% de los mayores ingresos derivados de la sanción de reformas tributarias o impositivas que se apliquen por ley de la provincia, con alcance a los ejercicios fiscales 2012 y 2013” y el “20% de los saldos financieros registrados a la fecha de promulgación de la presente ley y las sumas que correspondan ingresar en el futuro, deducidas las remesas coparticipables a los Municipio, provenientes del Fondo Federal Solidario (Fondo de la Soja). Además afecta a este fin, entre otros, “los remanentes o saldos financieros no utilizados por los organismos descentralizados y los fondos específicos no devengados al cierre de los ejercicios 2012 y 2013”; los “recursos de origen nacional asignados a los servicios dependientes del ministerio de salud de la provincia”, como así también los que se prevean en el presupuesto provincial.

El proyecto también establece un “Fondo Integrador de Prestaciones Sanitarias” que se financiará con “una cápita de 10 pesos mensuales” por habitante que estará a cargo de los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin en función de la cantidad de población que viva en cada una de esas jurisdicciones; un “aporte equivalente al 5% de los gastos corrientes mensuales” de la Legislatura, Justicia, Organismo Autárquicos y Descentralizados, empresa públicas y Banco de la Provincia; más las remesas que determine el Poder Ejecutivo y el “aporte voluntario, donaciones y demás contribuciones de particulares, empresas, asociaciones y demás instituciones públicas o privadas”.

Haciendo una rápida estimación de recursos, de resultar aprobado el proyecto, el sistema de salud contaría, cuanto menos, con unos 113 millones de pesos, de los cuales unos 49 millones surgirían del “Fondo Integrador de Prestaciones Sanitarias” al que los municipios deberían aportar en conjunto cerca de 1,3 millones de pesos y otros 48 millones de pesos los distintos estamentos del estado incorporados al mismo, y otros 63 millones de pesos que corresponderían al porcentaje del Fondo de la Soja afectado al “programa de fortalecimiento financiero”. Al total en cuestión se le adicionarían otros 100 millones de pesos en caso de ser aprobada la reforma tributaria.