Durante una reunión de la que participaron el vicepresidente de la asociación, Juan Carlos Jáuregui, y la gerente operativa, Bibiana Marabini, los productores expusieron sobre la actual problemática y solicitaron soluciones al Gobierno, entre ellas un trabajo consensuado entre los gobiernos nacional y provincial y el sector productivo, con el objetivo de acotar algunos costos, tales como la mano de obra, el consumo energético y las tareas de fertilización.

A su vez, para la manutención de las fuentes laborales, se solicitó el beneficio del programa de Recuperación Productiva (REPRO), que contribuiría a conservar los empleos. Producción informó que la subsecretaría de Promoción de Inversiones está realizando las gestiones para su implementación.

El programa brinda a los trabajadores una suma fija mensual no remunerativa de hasta 600 pesos por hasta 12 meses. Para acceder al beneficio las empresas tienen que acreditar la situación de crisis por la que atraviesan; detallar las acciones a desarrollar para su recuperación; comprometerse a no despedir personal; certificar sus inscripciones fiscales y de la seguridad social; acreditar la situación de sus trabajadores en relación de dependencia y establecer su flujo económico financiero presentando sus balances contables.

Los productores sugirieron además que desde Nación se autorice la utilización de los saldos técnicos del IVA para aplicarlos a las cargas sociales que, aseguraron, significan una gran erogación para las empresas.

Respecto del servicio energético, solicitaron la adjudicación de la “tarifa plana”, con lo que podrían trabajar en horario corrido, para aliviar los costos de utilización del sistema por la merma en la demanda de potencia.

Al respecto, recordaron que la Provincia, a comienzos del año pasado, declaró la emergencia económica en el sector y se firmó un decreto con beneficios (subsidios al servicio de energía) para los emprendimientos afectados por la crisis.

El instrumento facultaba al ministerio de Producción a implementar políticas activas con el propósito de mejorar la competitividad y rentabilidad de las empresas afectadas por las condiciones desfavorables económicas y financieras.

Entre los beneficios, otorgaba un subsidio del costo de energía eléctrica del cien por ciento del cargo fijo y cargo fijo por capacidad de suministro en horarios no pico, además del 25 por ciento en horarios pico, correspondientes al cuadro tarifario facturado en su momento por la ex EDECAT.

Además, se eximía a las empresas de la obligación del pago del Impuesto Inmobiliario sobre los bienes afectados a la actividad olivícola, y la reducción del coeficiente para el cálculo del canon de Agua para aplicarlo a los períodos impagos anteriores a la declaración de la emergencia.

Ahora, los productores solicitan que se revise el decreto y que Producción interceda ante el ministerio de Servicios Públicos para la implementación de una nueva tarifa energética para el sector.

En el encuentro, convocado por el Gobierno, los productores también definieron realizar una presentación conjunta con otras provincias olivícolas del país ante el Gobierno Nacional, en la que se detalle la situación por la que atraviesa cada provincia.

También participaron de la reunión representantes de la delegación local del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y el RENATEA.