La Legislatura aprobó por mayoría la ley de Emergencia Institucional, Económica, Financiera, Administrativa y Social del sector público provincial que incluye el pase a disponibilidad de los empleados públicos.
La ley declara sujeto a disponibilidad, por el plazo de 180 días hábiles, a la totalidad del personal que revista en la planta permanente del sector público provincial (unos 20 mil empleados) excluido el Poder Judicial, el Legislativo, personal con cargos docentes, policiales y del servicio penitenciario provincial.
La iniciativa invita al Poder Judicial, al Legislativo y a los municipios a adherir a la le y crea la Comisión de Transparencia en el Empleo Público, que elaborará y aprobará las estructuras organizativas y plantas de puestos trabajo del sector público.
Este cuerpo estará integrado por el secretario ejecutivo del Consejo de la Función Pública y Reconversión del Estado, tres vocales designados por el Poder Ejecutivo, tres por la Legislatura, y un vocal por la asociación gremial mayoritaria y uno designado por la asociación gremial minoritaria.
La iniciativa fue rechazada por todos los bloques de la oposición integrada por los partidos Concertación, ARI, PPR y Unidos por Río Negro por considerarla insconstitucional y arbitraria.
El debate por la ley de emergencia
Un largo debate de casi cuatro horas demandó el tratamiento de la ley que declaró el estado de emergencia en la provincia. El presidente de la bancada oficialista, Carlos Peralta, fue el encargado de defender el proyecto enviado por el Ejecutivo. Fundamentó la iniciativa en la necesidad de poner en orden y clarificar las cuentas públicas en el contexto de un estado "calamitoso".
(Prensa Legislatura).- El parlamentario garantizó tranquilidad al empleado público. Aseguró que con la sanción de esta ley no se va a echar a los empleados públicos que trabajan, todo lo contrario, se los defenderá, cuidará y jerarquizará. No obstante, en consonancia con lo expresado por el Gobernador Carlos Soria, afirmó que los ñoquis y los vagos "se van".
Peralta explicó cómo se implementará la ley. Según indicó, la Comisión de Transparencia deberá elaborar y aprobar las estructuras organizativas y plantas de puestos trabajo del sector público en 90 días hábiles. Una vez aprobadas estas estructuras, en 60 días hábiles se elaborará la nómina de efectivos que pasarán a estar en disponibilidad. Luego, en 30 días hábiles la autoridad procurará la reubicación de estos empleados que quedaron en disponibiidad en otras áreas. Vencido este plazo, de no poder ser reubicados o recalificados, se producirá la extinción del vínculo de empleo público, generándose para el afectado el derecho a percibir una indemnización igual a un mes de sueldo por año de servicio, tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año.
La oposición entera coincidió en cuestionar las facultades y potestades que la ley otorga al Poder Ejecutivo.
El miembro informante de la Concertación, Adrián Casadei, habló de “la mayor delegación de facultades al Gobernador en la historia. La comparó a “un cheque en blanco”. Calificó la norma como “desproporcionada, anticonstitucional e innecesaria”.
En la misma sintonía, desde el PPR, Claudio Lueiro agregó que se trata de una ley “extremista”, “innecesaria”, que permite al Gobierno “hacer lo que quiera sin fundamento” estableciendo un marco de “inseguridad jurídica” y la asemejó a lo sucedido con la “flexibilización” laboral.
Por unidos por Río Negro, Ricardo Ledo, remarcó también que la norma vulnera los derechos de estabilidad laboral. Advirtió que lo que se pretende hacer es “como salir a cazar moscas con un cañón” y que se podría haber atendido la cuestión sin la necesidad de esta ley.
Magdalena Odarda, del bloque ARI, cuestionó el estado de emergencia que declara la ley. Advirtió que la norma deja en estado de sospecha a todos los empleados. Consideró que “el trabajador no debe ser la variable de ajuste”. Sostuvo que la delegación de las facultades al Gobernador es “un arma muy peligrosa”.
Darío Berardi advirtió sobre las consecuencias que podría traer la implementación de esta ley en la economía de Viedma.
Leonardo Ballester también hizo hincapié en que no era necesaria esta ley. Señaló que con ir a cada uno de los legajos bastaría para verificar la situación de cada empleado público. Aseveró que el artículo 2 de la ley “dilapida” las facultades del Parlamento.
A continuación, Pedro Pessatti, complementó los argumentos de Peralta. Recordó la obra del gobernador Edgardo Castello, en la cual se inscribió, e hizo referencia a la gestión de Carlos Soria en el municipio de General Roca. Remarcó que el actual Gobernador “no echó ni incorporó a nadie” cuando inició su gobierno.
El legislador del FpV denunció el “uso y abuso” del empleado público que hizo el radicalismo durante la última campaña electoral. Reclamo a la oposición que apele al “miedo” cuando “siempre llenaron de miedo al empleado público cada vez que había elecciones”.
Alejandro Betelú criticó la jurisprudencia invocada por el Ejecutivo para justificar la emergencia; marcó algunas contradicciones en el articulado de la iniciativa; cuestionó la conformación de la Comisión de Transparencia y también se refirió a las facultades que el proyecto otorga al Ejecutivo: “La ley debe estar para limitar el uso del Poder”, advirtió.
Finalmente, el titular del bloque de la Concertación, Bautista Mendioroz, calificó a la ley como “ortodoxa, pro mercado e innecesaria”. Aseguró que era “un error” y que había “que cambiarla”.
Advirtió que se trata de una ley que representa un “retroceso institucional y democrático”, que genera incertidumbre e inseguridad, y que “puede abrirnos un camino de judialización”.
El legislador reconoció errores cometidos por los gobiernos del radicalismo, expresó su disposición para rever los casos donde se presentan irregularidades, pero consideró que primero se tendría que haber trabajado en una comisión para después avanzar en una ley.
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