El escándalo que hace poco tiempo azotó al Departamento General Irrigación no se ha agotado y promete seguir generando novedades.

Un indicio de ello es el pedido de informes que presentará este martes el senador radical Armando Camerucci para que la Corte provincial indique el estado de las causas judiciales contra el ex superintendente Eduardo Frigerio e informe si también existen "procesos penales y/o civiles iniciados" contra los funcionarios que siguen desempeñándose en el organismo del agua tras su dimisión.

Esta resolución se discutirá justo el mismo día en que comenzará en el Senado el estudio del pliego del candidato a superintendente de Irrigación, que es el actual ministro de Agroindustria, José Luis Álvarez.

El planteo de Camerucci apunta particularmen contra Carlos Dávila, consejero del río Tunuyán y jefe transitorio de Irrigación. En ese puesto quedó Dávila cuando las causas contra Frigerio (se lo acusó entre otras cosas de negociar permisos para extraer agua) lo obligaron a abandonar el cargo máximo.

Entre Dávila y los radicales hay conflicto en puerta, ya que el consejero parece haber reaccionado ante la posibilidad de que el gobernador Paco Pérez conceda un lugar a la UCR en la conducción de Irrigación. Como respuesta, Dávila sugirió que la política tiene responsabilidad en el estado institucional del órgano, ante lo cual los radicales se dieron directamente por aludidos. Por eso Camerucci elaboró rápidamente un pedido de informes para verificar si Dávila y el otro consejero en funciones (Ricardo Scandura) está comprometido en algunas de las causas judiciales que derrocaron a Frigerio.

Paralelamente, el radical pedía que el Gobierno envíe los pliegos de todos los cargos vacantes de Irrigación al mismo tiempo al Senado, donde deben ser ratificados a través de una votación secreta.

Los cargos vacantes son el de superintendente y tres de los cinco puestos del Honorable Tribunal Administrativo. Uno de esos tres sería cargos para el radicalismo, que está dispuesto a aceptar el ofrecimiento, si es que finalmente se concreta.

La postura del gobierno fue, en cambio, enviar en una primera tanda solamente el nombre del candidato a superintendente. El pliego de Álvarez entró a la Legislatura el viernes.