El proyecto consta de 62 artículos y establece textualmente: “Declárese de utilidad pública y sujetas a expropiación el 50,11% de las acciones clase D de la empresa YPF SA”. En otro punto, la iniciativa oficial menciona que el Estado se apropiará de las acciones de la empresa distribuidas del siguiente modo: 100.145.077 “pertenecientes a Pertersen Energía SA y sus sociedades afiliadas”, y 96.558.291 “acciones pertenecientes o controladas por Repsol YPF SA en forma directa o indirecta”.

“El Poder Ejecutivo nacional actuará como expropiante, quedando facultado para transferir la titularidad de las acciones, una vez expropiadas, a cualquier organismo o empresa pública de propiedad del Estado nacional”, indica el artículo 2 del proyecto.

La difusión del borrador generó, automáticamente, especulaciones de los inversores dispararon el volumen operado en los papeles de YPF en el exterior: en Nueva York, donde la cotización de las acciones de YPF subieron un 8,6 por ciento, cerrando a 22,93 dólares por unidad; en la Bolsa porteña, el papel de YPF replicó el patrón de comportamiento: subió 7,42 por ciento a 123 pesos y negoció 38 millones de pesos, 40 por ciento de lo transado en acciones en la plaza local.

La reacción del gobierno español no se hizo esperar ante la ofensiva contra Repsol. El ministro de Industria, José Manuel Soria, afirmó que cualquier hostilidad que haya contra empresas de su país en el exterior será tomada como un “gesto de hostilidad hacia su gobierno”. Y avisó que ese tipo de situaciones “traerán consecuencias”.

El ministro de Industria español lanzó esas duras advertencias en la ciudad de Varsovia, donde participó, acompañando al presidente del gobierno de su país, Mariano Rajoy, de la VIII Cumbre Bilateral Hispano Polaca.

Las declaraciones de Soria se dieron el mismo día en que la presidenta Cristina Kirchner se reunió

con los gobernadores que forman parte de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi).

Según se informó, la primera mandataria analizó el proceso de reversión de áreas petroleras, que le fueron quitadas a YPF, y también se habría hablado sobre la compra del paquete accionario por parte del Estado. Del encuentro participó el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el subsecretario de Coordinación de esa cartera, Roberto Baratta.

Repsol cuenta actualmente con el 57,43 por ciento de las acciones de YPF, mientras que el grupo argentino Petersen tiene el 25,46 por ciento de la compañía. Este último grupo es liderado por Enrique Eskenazi, quien fue uno de los empresarios más cercanos a Néstor Kirchner.

Elisa Carrió: “Es un cuento chino”

La diputada nacional por la Coalición Cívica-ARI Elisa Carrió salió con los tapones de punta contra la posible estatización de la petrolera YPF.

La excandidata a presidenta por la Coalición Cívica calificó como “un nuevo cuento chino” el proyecto de ley del Ejecutivo para declarar de “utilidad pública” a las acciones de la empresa YPF, y advirtió que “se expropia lo vaciado”.

“Es un proceso y saqueo igual a lo que hicieron con la empresa Aerolíneas Argentinas, pero muchísimo más grave”, afirmó Carrió. Y recordó que “en los años ‘90 (Carlos) Menem, (Domingo) Cavallo y (Néstor) Kirchner entregaron YPF a precio vil”. También sostuvo que “en el año 2000, en connivencia con empresarios y políticos españoles, Néstor y Cristina Kirchner la vaciaron”.

Si bien aclaró que “esta es una posición personal que no compromete al partido”, Carrió remarcó que “en 2012 Cristina, en un nuevo cuento chino, expropia lo vaciado, que seguramente será pagado con el dinero de los jubilados y el respaldo de los ahorros de los argentinos”.

Rechazan plan de inversiones

El Gobierno nacional rechazó ayer el plan de expansión presentado por la compañía Repsol-YPF, en el que estaban contempladas mayores inversiones en exploración, producción y refinación, al considerarlo como insuficiente.

El ministro de Planificación, Julio de Vido, se reunió con el presidente del grupo Repsol-YPF, Antonio Brufau, en una jornada en la cual los rumores de expropiación de la filial local YPF abundaron en todos los ámbitos públicos y privados. Durante el encuentro, el Ejecutivo español presentó un detallado plan de expansión de las inversiones para YPF para los próximos años, tal como lo había pedido el Gobierno argentino.

De Vido recibió a Brufau en su despacho del Palacio de Hacienda durante una reunión “de tono cordial y breve”, según consignaron a este diario fuentes cercanas a la negociación.

El ministro rechazó la oferta del holding español al considerarla como insuficiente para las necesidades del país, sin especificar cuáles eran las demandas oficiales, sea para la producción de petróleo como para la extracción de gas.

En foco

El negocio del vaciamiento

¿Los mismos que entregaron las joyas de la abuela y vendieron al país pueden ser ahora los que recuperen el patrimonio nacional dilapidado? Es prácticamente imposible que así sea. Por eso, todo indica que detrás de la movida para que el Estado vuelva a controlar YPF se escondería un nuevo negociado, ya que el sector público se terminará haciendo cargo de una empresa vaciada, que ha dejado ínfimos niveles de reservas de gas y petróleo, y que redujo las tareas de exploración de nuevos yacimientos a su mínima expresión.

De esta manera, con el proyecto que en breve impulsará el Gobierno nacional en el Congreso para tomar el control de YPF y comprar la mayoría accionaria, el Estado pasará a ser socio de los responsables privados que llevaron a esta situación, a quienes se les pagará un precio por las acciones que, difícilmente, tengan una base real. Sin ir más lejos, la sola difusión del borrador de la iniciativa provocó una verdadera fiebre especulativa en torno a las acciones.

Además, el grupo Eskenazi, que hoy ostenta casi el 25% de las acciones de YPF, ingresó a la petrolera por obra y gracia de Néstor Kirchner, que permitió que se utilizaran las utilidades de esa misma compañía para comprar las acciones. Es decir, compraron sin invertir capital, con una suerte de financiamiento otorgado por la propia Repsol. Y ahora resulta que, con la maniobra que planea realizar el Gobierno, se terminarán pagando cifras millonarias por las acciones adquiridas durante ese oscuro proceso.

Una vez más, la administración K pondrá al Estado para que, con los recursos que aportan todos los ciudadanos con sus impuestos, se garanticen los negocios de los amigos del poder. Lo mismo se hizo con Aerolíneas Argentinas, donde el sector público se hizo cargo de un pasivo millonario generado por empresas españolas que regentearon la línea aérea durante más de una década. Las consecuencias se están pagando actualmente, teniendo que afrontar un déficit de dos millones de dólares por día. Eso también demuestra el desastre que está generando la deficiente gestión que llevan adelante los muchachos de La Cámpora, quienes fueron puestos a dedo por Cristina Kirchner para manejar la empresa, sin tener ningún tipo de experiencia en temas aerocomerciales.