De esta manera se da cumplimiento a una orden judicial, que responde a la falta de pago por parte de la Provincia que debe afrontar por el juicio iniciado y que resultó favorable, al empresario Ernesto Katz.

Los letrados habrían intentado el levantamiento de la medida, basados en algunos puntos por los que consideran que no corresponde el embargo.

Al parecer se habría insistido que si la sentencia es posterior al mes de agosto, el pago de la misma debe corresponder al período siguiente, en este caso por lo tanto debería pasar al 2011.

El avión en el que se moviliza el gobernador se encuentra en el hangar de aviación civil y deberá permanecer allí hasta tanto no se dicte una medida que destrabe el embargo.

Por otra parte desde la Fiscalía, algunas fuentes indicaron que si el monto del embargo supera dos sueldos del gobernador, debe ser afrontado en el Presupuesto Provincial, entendiendo que sí existieron leyes de emergencia en el medio, la sentencia contra la Provincia no se podría ejecutar.

Otro de los puntos que el organismo provincial señala, está referido a que resta conocer la sentencia por lucro cesante, ya que la que habría salido es la de daños y perjuicios.

Sin embargo consultado un contador que ejerció funciones dentro de la Provincia en otros gobiernos, aseguró que "la Provincia es embargable, quedando los bienes en poder del deudor".

Pero más allá de quien quede con los bienes, de proseguir el trámite, los bienes pueden ser rematados por más que sean de la Provincia.

Especuló que el juicio no avanzará ya que no sería una decisión acertada de alargar los hechos.

El profesional remarcó que la determinación es de la justicia por lo tanto debe estar centrada en el valor de los hechos, por algo se ordenó el embargo.

La decisión de la justicia respondió así a un trámite que iniciaron los sucesores de Yeizel Katz como damnificados por los disturbios del año 2.000 en Tartagal, durante el segundo mandato del gobernador Juan Carlos Romero, porque no cobraron indemnizaciones, que la Provincia abonó.

La deuda establecida es cercana a los cinco millones de pesos, reconocida por el empresario Ernesto Katz, propietario de la Casa El Gato.

Katz explicó, oportunamente que el responsable de la causa es el fiscal de Estado, Ricardo Nicolás Casali Rey, quien al parecer no cumplió con el tiempo establecido para la presentación de documentación por lo cual todas las instancias caducaron.

Tras el conflicto, en el que se produjo una "pueblada" en Tartagal los empresarios responsabilizaron al gobierno por la situación y los efectos de las manifestaciones que en aquella oportunidad produjeron disturbios, roturas y destrucción en los locales.