La comunicación de la medida judicial fue remitida al Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos de la provincia desde el Juzgado Laboral Nº 3 de la doctora María del Rosario Barreto.

Según los detalles del oficio librado por la Justicia laboral a la cartera provincial de Infraestructura que conduce el ministro Omar Judis, se trata de un "embargo preventivo contra la Fundación Madres de Plaza de Mayo sobre los fondos nacionales o provinciales correspondientes a pagos a realizarse en concepto de aportes o certificados de obra que la demandada fundación tenga que percibir por la suma de 1.394.044 pesos, en concepto de capital, más la suma de 697.022 pesos presupuestados provisoriamente para intereses y costas". Así y por ambos conceptos, la entidad que dirige Hebe de Bonafini no podrá disponer temporalmente de 2.091.066 pesos.

La demanda fue interpuesta por la abogada de los 120 obreros despedidos por la Fundación ante el Juzgado Laboral 3 de la doctora Barreto, y la causa quedó caratulada como "Ramírez Roberto Daniel y otros C/Fundación Madres de Plaza de Mayo S/ medida cautelar. Expediente 398/10". Se trata de una medida cautelar que retiene los fondos girados desde la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, como garantía del proceso judicial.

En tanto, es posible que tras la respuesta que la demandada fundación deberá presentar sobre la medida, el juzgado laboral convoque a las partes en conflicto a una audiencia de conciliación, un paso previo al inicio de la instancia probatoria.

Fondos que existen

"Es una acción que presentamos por los 120 obreros despedidos. Y la medida judicial embarga cualquier monto que la Fundación pudiera percibir por las obras que desarrolla en la provincia y todo cobro que se haga a través del Ministerio de Infraestructura provincial", comentó a NORTE la doctora Zulema Wanenson, letrada que representa a los trabajadores del ex Campo de Tiro. Fue más allá y aseguró que "son fondos que conocemos que existen y que llegan periódicamente para pagar las obras que tiene la fundación en la provincia".

"Problema grave"

"Todos los obreros tienen un problema grave, porque la ley les da un subsidio por desempleo siempre que la Fundación comunique el despido a la Anses", explicó Wanenson. Así dijo que la institución no entregó la documentación que acreditaba la relación de dependencia laboral y, por tanto, no es posible tramitar un subsidio por desempleo ante el organismo de seguridad social nacional.

"Los obreros no vieron un peso desde que dejaron de trabajar. La patronal no pagó liquidación final ni dio las libretas del Fondo de Desempleo, y tampoco tienen la documentación necesaria para tramitar el subsidio por desempleo. Es una situación desesperante", planteó la abogada. Así, adelantó que en los próximos días presentarán un pedido de medida cautelar para incautar la documentación necesaria para tramitar el subsidio.