El juez federal Julián Ercolini prepara una nueva medida de prueba para avanzar con la investigación sobre las sospechas de corrupción en los negocios con Venezuela: pedir al Gobierno todos los cables diplomáticos enviados por la embajada en Caracas a la Cancillería desde 2004 hasta la actualidad. Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales, según las cuales el juez firmaría en las próximas horas la resolución para acceder a estos documentos, unos mil correos por año.

La decisión será una respuesta al pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, que la semana pasada solicitó 16 medidas para indagar en las relaciones comerciales de la Argentina con el gobierno de Hugo Chávez. Entre los cables que planea pedir la Justicia está el revelado por La Nacion ayer: un correo diplomático de hace diez días, proveniente de la embajada a cargo de Alicia Castro, que reportó a la Cancillería la preocupación de empresas afectadas por las gestiones paralelas que protagonizó en Caracas uno de los más estrechos colaboradores del ministro Julio De Vido, José María Olazagasti.

Después de recibir ese reporte, el subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur, Eduardo Sigal, le envió una alerta al flamante canciller Héctor Timerman para advertirle sobre la actividad de Olazagasti en Venezuela. Sigal le informó al canciller de una reunión paralela organizada por este funcionario, en la que fueron excluidas algunas empresas argentinas.

Ayer, tanto Sigal como Timerman minimizaron la entidad de esta advertencia; negaron que hubiera existido una embajada paralela en Venezuela y denunciaron una "conspiración destituyente" promovida por el periodismo. "Es falso. No hay ninguna embajada paralela, salvo en la imaginación de los periodistas de Clarín y LA NACION", dijo Timerman.

Los cables diplomáticos pedidos por el fiscal corresponden a las gestiones de los embajadores Eduardo Sadous, Nilda Garré y Alicia Castro, la actual representante de la Argentina en Caracas. Es un enorme volumen de documentos. "Hay unos tres cables por día", dijo a LA NACION una fuente diplomática que conoce la relación con Venezuela. La gran mayoría son comunicaciones sin relevancia para la causa, pero hay también de contenido comercial y político que podrían ser de utilidad. Por lo pronto, el fiscal solicitó que el juzgado pidiera los enviados a todas las áreas de la Cancillería. Después se analizarán.

Durante la gestión de Sadous hubo decenas de cables sobre el manejo de la relación comercial. Entre ellos, uno, el más famoso, que hablaba de corrupción en el gobierno de Chávez y denunciaba la desaparición de unos US$ 90 millones de un fideicomiso destinado a que Venezuela le comprara productos a la Argentina. Este cable ya está incorporado al expediente de Ercolini.

Según estiman hoy miembros de la Justicia, todo indica que el movimiento de los fondos del fideicomiso es responsabilidad exclusiva de los funcionarios venezolanos, pero la revelación de esta irregularidad sirvió como punto de partida para la investigación de supuestas coimas.

Sadous fue un testigo clave en este caso. Bajo juramento, dijo que empresarios argentinos del sector de la maquinaria agrícola le habían asegurado que en el Ministerio de Planificación les habían exigido "retornos". Sadous declaró entonces que la relación comercial con Venezuela la manejaba el ex funcionario Claudio Uberti en forma paralela a la Cancillería.

En su presentación de la semana pasada, el fiscal pidió, además de los cables, informes a diferentes entidades y varias declaraciones testimoniales. Entre ellas, la de los ex presidentes de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), Rosa Negrini y Jorge Médica, quien, según el fiscal, "habría renunciado por estar en desacuerdo con las negociaciones de la Cafma con el gobierno de Venezuela". Esta Cámara fue la que eligió a la intermediaria que cobró las comisiones a las empresas que exportaron a Venezuela.

También solicitó el fiscal que las empresas de la Cafma presentaran sus contratos de exportación y que la Unidad de Información Financiera (UIF) remitiera todo documento sobre las intermediarias y sus directivos.

El caso de las presuntas coimas en los negocios con Venezuela forma parte de una causa mucho más grande promovida por Elisa Carrió contra la presidenta Cristina Kirchner, su marido y varios funcionarios de su entorno, por una supuesta asociación ilícita. Además del caso Venezuela, en este expediente se investiga si es cierto que empresas "amigas" del kirchnerismo fueron beneficiadas en forma irregular con diferentes negocios que tuvieron al Estado como contraparte.

CLAVES

* Los cables. La Justicia planea analizar la información que los embajadores Eduardo Sadous, Nilda Garré y Alicia Castro enviaron a la Cancillería durante sus gestiones.

* El pedido. La semana pasada, antes de que LA NACION revelara el último cable sobre gestiones paralelas, el fiscal del caso le había solicitado al juez que pidiera todos los correos diplomáticos. Ercolini lo ordenaría hoy.

* La causa. El caso de Venezuela forma parte de una megacausa que investiga a los Kirchner por una supuesta asociación ilícita.