La presidenta Cristina Fernández de Kirchner sentó postura públicamente respecto a un tema que mantiene en vilo al sector empresario desde hace casi una década: la doble vía indemnizatoria y la industria del juicio asociada a ella. A través de una cadena nacional transmitida lunes a la noche, Cristina abogó por una nueva ley de Riesgos de Trabajo que establezca topes actualizables anualmente para indemnizaciones por accidentes de trabajo. El mensaje fue celebrado por economistas y entidades empresariales, ya que, de traducirse en una ley, aportaría previsibilidad al sistema.

En ese sentido se manifestó el economista jefe de la sede Nea del instituo Ieral, dependiente de la Fundación Mediterránea, Gerardo Alonzo Schwarz, quien explicó que la posibilidad de enfrentar un juicio laborar por fuera de la cobertura que brindan los seguros, desanima la toma de personal. “Más allá de lo que se prevé en la indemnización a través del seguro, el trabajador puede reclamar un monto aparte por la vía judicial y esto genera costos ocultos muy altos y lo que determina que muchos empleadores no contraten a más personal”, explicó.

En consecuencia, una norma que elimine esa posibilidad, actuaría como un incentivo para la toma de empleados, razonó Schwarz.

Ocho años deincertidumbre

Lo que se conoce como “doble vía indemnizatoria” nació de la mano de una serie de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitidos entre 2003 y 2004 que plantearon la inconstitucionalidad del sistema de topes fijos para las indemnizaciones en juicios laborales que había sido establecido por la Ley ART, sancionada en 1996 bajo la impronta de la “flexibilización laboral” menemista.

Dichos fallos reconocieron a trabajadores la posibilidad de reclamar un resarcimiento mayor al establecido por la Ley ART, en cuyo caso es la empresa la que debe responder por la diferencia entre el monto reclamado y es efectivamente cubierto por el seguro.

La ausencia de una nueva ley que normalice la situación, dejó un vacío legal que introdujo una fuerte dosis de incertidumbre al sistema y creó condiciones propicias para el desarrollo de una “industria del juicio”.

Segun la Unión Industrial Argentina (UIA) las Pymes soportaron en 2011 75.000 juicios por accidentes laborales, que implicaron 2.300 millones de dólares en indemnizaciones y más de 800 millones en honorarios de abogados.