También, destacó Labate, "hay otra área muy crítica, del orden administrativo, dependiente del Poder Ejecutivo y que no es nuestra: es la Dirección de Ejecución de Penas, que va cambiando de nombre, pero concretamente son de personas judicializadas, Centro de Atención a la Víctima, que están en permanente contacto con nosotros. Un juez condena, esa persona va a una cárcel, la Dirección de Ejecución de Penas elabora los informes criminológicos -que hacen al tratamiento penitenciario- y, desde el Poder Judicial, lo que atendemos es el cumplimiento de la ley de ejecución penal, el tratamiento, las condiciones de alojamiento".

Para el titular del TSJ, el problema pasa porque "tenemos una capacidad de alojamiento de 600, con una población carcelaria de 600: está equilibrado. Los problemas surgen quizás de la mala distribución, de la falta de una correcta clasificación, quién va a un lado y quién va a otro, que también depende del Ejecutivo".

Labate se mostró preocupado por el número de presos en comisarías y dijo que "en este momento, entre 95 y 100 personas -porque la población carcelaria está fluctuando todos los días- están alojadas en comisarías y alcaidias de Neuquén". En este marco, resaltó que "la Unidad (Penal) 11 (U11), que es la más grande de la provincia, sería ideal para, de hecho se está haciendo, una clasificación entre procesados. Si bien fue pensada como cárcel de procesados, hoy hay pabellones con procesados y condenados; se podría separar perfectamente".

Reiteró que "es imperioso eliminar los detenidos de las comisarías, mantenerlos eventualmente en las alcaidias que tiene Neuquén fuera de la U11 y que solamente exista una comisaría para los llamados detenidos transitorios".