Finalmente, quedó firme la decisión de enviar a juicio oral y público a la ex intendente de San José (Santa María), Mónica Hernández, por supuesta usurpación de cargo y resistencia ilegal en la función.
El delito que se le imputa es por haberse negado a aceptar la suspensión efectuada por el Concejo Deliberante de San José. La acción de los ediles surgió a partir de una denuncia del CD por supuesto manejo irregular de las regalías mineras. Es que Hernández no había respondido a los concejales con documentación respaldatoria, los pedidos de informes sobre la utilización de varios millones de pesos gastados en diversas obras.
La jefa comunal desestimó la suspensión adoptada por los ediles al cuestionar el quórum de la sesión. Y con ese argumento, Hernández continuó al frente del municipio, hasta que finalmente terminó atrincherándose para resistir la orden de desalojo promovida por la Justicia.
Sin embrago, la causa por la cual ahora irá a juicio oral y público es una más de los 40 hechos que se le imputa.
Inocencia
En todo momento, Hernández señaló que es inocente de todas las acusaciones libradas en su contra y que es una perseguida política. "No soy la única intendenta que tiene problemas administrativos con las regalías mineras. ¿Cuántos de mis pares no han ocupado plata de las regalías? Tengo conocimiento que son muchos, y no sé que hayan sido tan cuestionados", manifestó a fines del año pasado.
A su vez, negó la malversación de fondos que recibió, y dijo que "las obras están hechas". Y hasta llegó a hablar de tomar distancia de la vida política. "Con toda esta persecución que estoy viviendo, y al saber cómo se maneja la política en Catamarca, no tengo ganas de seguir en esto".
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