Están 22 imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en el campo de exterminio que operó en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga durante la última dictadura. El reciente hallazgo de restos de desaparecidos en una fosa común de dicho predio le da un tinte emblemático al proceso. Por primera vez será juzgado un civil.
En el expediente, están imputadas un total de 22 personas, entre estas el escribano Juan Carlos Benedicto (actualmente prófugo), quien podría convertirse (de ser recapturado) en el primer civil en ser juzgado por este tipo de delitos contra los derechos humanos.
A fines de 2011 el fiscal federal ad hoc Pablo Camuña, quien junto a Patricio Rovira integran la Unidad Fiscal de Derechos Humanos pidieron la elevación a juicio de la causa, luego del hallazgo de los restos de al menos 15 desaparecidos, además de armas y restos de balas, en el interior de una fosa común en el ex Arsenal, lo cual permitió confirmar que durante el proceso militar funcionaron verdaderos campos de exterminio en el país.
Además de Benedicto, en la causa están imputados el condenado ex comisario de la Policía tucumana Roberto Heriberto "El Tuerto" Albornoz y los militares: Ernesto Arturo Alais, Miguel Alfredo Manuel Paz, Camilo Ángel Colotti, Ariel Rolando Valdiviezo y Carlos Eduardo Trucco (del Regimiento 19 de Infantería); Augusto Leonardo Neme (Oficial a cargo del CCD Ex Ingenio Nueva Baviera); Luis Orlando Varela, Luis Daniel De Urquiza, Adolfo Ernesto Moore, Ramón Alfredo Ojeda Fuente y Fernando Torres (oficiales del Destacamento de Inteligencia 142); Hugo Enzo Soto y Pedro Osvaldo Caballero (jefes de la Compañía de Arsenales 5); Tomás Adolfo Güemes, Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, Ernesto Rivero, José Carlos Sowinski, Marcelo Omar Godoy y Celso Alberto Barraza (de Gendarmería Nacional).
La megacausa "Arsenales II" está referida a los hechos delictivos de los que fueran víctimas 97 personas que permanecieron detenidos, en su mayoría, en el CCD Arsenal o, en algunos casos, en otros campos clandestinos dependientes del Destacamento de Inteligencia 142 como "El Reformatorio" o "El Motel".
En el planteo formulado por los fiscales que solicitaron elevar la causa a juicio se apuntó que "la diversa extracción de los imputados resalta el complejo entramado de fuerzas y unidades que intervinieron para posibilitar el funcionamiento de lo que fue el centro de detención y exterminio más grande del norte del país".
Asociación ilícita estatal
En la acusación se presta una particular atención al funcionamiento de centros clandestinos en el Sur de la provincia (Santa Lucía, Caspinchango, Nueva Baviera) a cargo del Regimiento 19 de Infantería y a la manera en que las personas secuestradas por los imputados y sus subordinados eran trasladadas desde estas localidades al Arsenal, en algunos casos para su exterminio físico.
En el requerimiento se incluye un cúmulo de delitos relacionados a la metodología consistente "en el secuestro de las personas, su traslado a un centro clandestino o sucesivamente a varios, su sometimiento a una perversa gama de torturas para extraer información que posibilite nuevos secuestros, y eventualmente su ejecución sumaria extrajudicial y el ocultamiento de los cadáveres para borrar las huellas de los delitos. Es decir, la dinámica de desaparición forzada de personas ejecutada de manera masiva por una asociación ilícita montada sobre el aparato estatal".
Por primera vez se solicitó, además, que se incluya en un debate oral el tratamiento de los delitos sexuales de que fueron víctimas las mujeres cautivas en el CCD Arsenal, "visibilizando de esa manera una metodología particularmente aberrante de violencia de género por parte de los ejecutores", consigna parte de la solicitud emitida por la Unidad Fiscal.
Sin embargo, a partir de los hallazgos de fosas comunes y la comprobación de las condiciones en que fueron ejecutadas esas personas, la Fiscalía entiende que está demostrado que se actuó con las víctimas "en un total estado de indefensión (prueba de ellos son los restos de ataduras halladas en las extremidades de los cadáveres) y con el fin de borrar los rastros del delito, para lo cual no sólo fueron incinerados los restos sino que además pudo registrarse con claridad remociones posteriores efectuadas por medios mecánicos".
Por las características de los hechos, los delitos imputados a los acusados fueron considerados por la fiscalía como "crímenes contra la humanidad".
Comentá la nota