El representante de la Fundación Ambiente Total, Jorge Castillo, dio a conocer su opinión sobre la cuestión de la traza del electroducto NOA-NEA "que aflige a los pobladores de La Pilarense y del Lote 16 de General Vedia", y acerca de la "respuesta contundente y sujeta a derecho" que diera el conjuez Dr. Rubén Héctor Esquivel "a los ataques de algunos funcionarios de turno".

El ambientalista Castillo resaltó la nota del conjuez Esquivel publicada en diario Norte, sobre la caul afirmó que es "un modelo válido para manejar la improvisación y liviandad con que los funcionarios actúan a veces, despreciando la res-pública y la vida de los ciudadanos, patrimonio principal de toda sociedad porque compete a todos y por ende representa un valor supremo, por encima de componendas políticas y trampas mediáticas o administrativas e intereses corporativos o apetencias personales".

"La Fundación Ambiente Total se ha manifestado en otros tiempos hasta el cansancio y por diversos medios, acerca de los impactos ambientales negativos de los cables de alta tensión, a los que se agrega siempre el nunca bien resuelto problema del PCB usado como refrigerador de los transformadores y cuya “no utilización” en la provincia –como sostienen desde siempre los técnicos de SECHEEP- merece por lo menos la duda preventiva. Esta Fundación ha fundamentado en varias oportunidades, tanto en los medios de comunicación como en escritos presentados ante la justicia, su firme oposición al emplazamiento de electroductos en sectores urbanizados, pero también en zonas rurales cuando tal emplazamiento pone en riesgo la calidad de vida de las poblaciones lugareñas y afecta gravemente a la flora y fauna locales. Esta posición se mantiene y reafirma en el caso actual del Lote 16 y de La Pilarense", sostuvo Castillo.

Asimismo, indicó que "uno de los juicios en defensa de los intereses colectivos que llevó adelante la FunAT, años atrás, fue cuando una empresa cordobesa -que sigue pisando fuerte en este rubro en el resto del país, obviamente con el apoyo de gobiernos locales, provinciales y nacional- realizó un desmonte salvaje y produjo la alteración del ecosistema en la zona de Puerto Bastiani, para instalar, justamente, un electroducto", y agregó: "En esa ocasión, la FunAT, con la misma Jueza a cargo del caso, constató los daños y el bloqueo del río Negro por el arrojo de los árboles descuajados a su curso".

"Lamentablemente nunca se resolvió el asunto, se supone que –entre otras cosas- por ascenso de la funcionaria", aseguró.

En tal sentido, Castillo señaló que "años después, cuando pobladores de la zona ahora en conflicto consultaran a la FunAT, nuestra entidad aconsejó que sin más apelaran a la Ley Nº 3911, también llamada “Ley Moro”, que se refiere a la protección de los intereses difusos y colectivos y hasta se puso a su disposición el asesoramiento de nuestro departamento jurídico", y añadió que "sin información acerca del rumbo tomado por el caso en este aspecto, se hace evidente que ahora la intervención de la Justicia Federal –afortunadamente- ha hecho valer el principio de precaución consagrado desde hace años internacionalmente y al que adhirió en su momento nuestro país, y como bien dice el conjuez Esquivel, “(…) teniendo en cuenta que la vida, la salud, la integridad, la dignidad y la paz de los hombres no sólo integran el plexo de los derechos humanos sino que al menos para el suscripto, son sagrados”. Excelente definición y digno marco ideológico en defensa de la calidad de vida, bien supremo que estamos obligados defender todos y que debiera ser el principal componente del llamado “progreso”".