Un año después de las elecciones que llevaron al conservador Partido Popular (PP) al gobierno de España, el balance de su gestión, marcada por la crisis y las dificultades de financiación, no puede ser más diferente entre el propio Ejecutivo de Mariano Rajoy y los principales grupos de la oposición.

El PP y sus ministros, incluido el presidente del Gobierno, destacan que primó la "valentía" para adoptar decisiones duras pero necesarias, encaminadas a reducir el déficit y a cumplir los compromisos asumidos con Bruselas. Pero la oposición no se priva de decir que este primer año de gobierno conservador fue un engaño a los ciudadanos.

Las principales fuerzas políticas hicieron ayer un balance de la situación del país al cumplirse el primer aniversario de los comicios que dieron al PP la mayoría absoluta el 20 de noviembre de 2011.

Todos coincidieron en que la situación económica sigue siendo muy mala, aunque desde el partido mayoritario se muestran más esperanzados en una mejora, y la oposición advierte de que si persisten los recortes la crisis empeorará.

Varios miembros del Ejecutivo y dirigentes del PP coincidieron en señalar que, frente a la inactividad de la etapa anterior del Partido Socialista (PSOE), este gobierno se puso a trabajar desde el primer día, diciendo la verdad sobre la crisis económica y las recetas para afrontarla.

El propio Rajoy reconoció que aún quedan momentos "muy difíciles", pero insistió en que las medidas que se adoptaron en España "no son sólo para reducir el déficit, son medidas estructurales. Es verdad que son medidas que hacen daño a mucha gente, pero son absolutamente imprescindibles."

Rajoy adelantó que espera que la economía española vuelva a crecer en 2014, tras un primer año en el gobierno en el que la economía recayó en la recesión y el desempleo escaló hasta niveles récord del 25% de la población activa.

Para la vicesecretaria general del PSOE –el principal partido de la oposición–, Elena Valenciano, las medidas encaradas por Rajoy son "ineficaces, injustas y no previstas" y están envueltas en "un enorme engaño". La portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, acusó además al jefe del Ejecutivo de "mentir masivamente" a todos al haber aplicado unas políticas que no estaban en su programa electoral ni en su discurso de investidura.

El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, consideró en cambio que el primer año de gobierno del dirigente conservador fue un "año blanco para defraudadores y capitalistas" y un "año negro" para los trabajadores.

Para la portavoz del partido de centro Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, este año los españoles perdieron la esperanza. En el mismo sentido valoró el primer año de gobierno Coalición Canaria, que considera sin tapujos que la desesperanza cunde en "el 100 por 100 de la población".

La suba del IVA o el impuesto sobre la renta y los recortes en los servicios públicos emblemáticos como la sanidad o la educación, junto con una controvertida reforma laboral que por hora no frenó la destrucción de empleo, generaron a lo largo de este año una gran tensión social. El Ejecutivo se enfrentó a dos huelgas generales, la última el pasado 14 de noviembre, y a una gran movilización de numerosos colectivos, desde médicos a policías, que protestan contra los recortes acometidos para reducir el déficit. «

Efe

"una invitación a las mafias"

La oposición y los sindicatos españoles advirtieron ayer que la propuesta del gobierno de conceder el permiso de residencia a los extranjeros que adquieran una vivienda puede "reactivar" la burbuja inmobiliaria y atraer a inversores y mafias interesadas en blanquear dinero.

El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, anunció el lunes que el Ejecutivo estudia cambiar la Ley de Extranjería para otorgar el permiso de residencia a quienes adquieran una vivienda en España por importe superior a 160 mil euros.

El objetivo de la propuesta es dar salida al "stock" de unas 680 mil viviendas en venta en el país como resultado de la "burbuja inmobiliaria" y la profunda crisis financiera y económica. Desde 2007, se hicieron cerca de 400 mil ejecuciones hipotecarias porque los propietarios de los inmuebles no podían pagar la hipoteca.

Algunos partidos de la oposición criticaron ayer la propuesta del gobierno al calificarla de "ineficaz" y ofensiva, y alertaron que la medida puede servir para que mafias internacionales blanqueen su dinero. Así, la portavoz en el Congreso de Diputados del PSOE, Soraya Rodríguez, expresó su rechazo "total y absoluto" a esta propuesta. "¿Pero qué locura es ésta?", se preguntó Rodríguez, al recordar que el mismo gobierno que niega la sanidad pública a los extranjeros "que han perdido su trabajo", ahora pretende conceder la residencia a los que tienen 160 mil euros para comprar una vivienda.

Por su parte, Izquierda Unida coincidió en que esta medida puede atraer a inversores extranjeros que quieran blanquear dinero mientras que el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), advirtió que esta medida permitirá la entrada de extranjeros que podrán acceder al sistema sanitario o educativo, sin que se les exija contribuir en otros aspectos del trabajo, cotizaciones o fiscalidad.