El Estado, representando los intereses estratégicos del conjunto de la sociedad, debe leer correctamente las coordenadas internacionales y emplazar los objetivos permanentes, no sujetos a las alternancias de gobierno ni a afinidades ideológicas cambiantes.

Las corrientes de inversiones, el intercambio científico-tecnológico y los negocios serios, requieren un horizonte previsible para asumir riesgo y para que maduren los frutos de sus decisiones.

Cabe al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto el planeamiento y la ejecución de las políticas y al embajador correspondiente, representar al país donde está acreditado. Cualquier alteración a estos canales institucionales abre la sospecha de elusión de controles y genera desconfianza en el resto de la comunidad mundial respecto de la transparencia imperante, cuando funcionarios de otra cartera resultan operativos para cerrar acuerdos.

Dado los indicios graves y concordantes de actos de corrupción, el Gobierno debe colaborar en la investigación, para despejar las sospechas existentes, no puede haber encubrimiento, ni descalificaciones contradictorias, pero desde ya, debe corregirse semejante anomalía que desmerece nuestra imagen, ya severamente penalizada en los ranking que miden la calidad de nuestras instituciones. Otra vez aparece De Vido y su cartera mezclada en los negocios turbios de este Gobierno.