Ya pasó más de un mes desde la instrumentación del decreto firmado por el intendente Osvaldo Cáffaro para intervenir el contrato de concesión del servicio de energía eléctrica que brinda Cooperativa Eléctrica de Zárate (CEZ).
El decreto (N° 430/12) dispuso la intervención administrativa técnica temporaria en julio pasado porque, según la argumentación de las autoridades municipales, la prestataria no brindaba la información obligatoria establecida por contrato de concesión en un marco de transparencia y para que el Estado comunal lleve a cabo su rol de contralor y se cumplan con las normativas vigentes. Se trata de una medida que se tomó después de un proceso iniciado en el mes de noviembre de 2011 en cuyo desarrollo se fue tensando cada vez más la relación entre las dos instituciones más importantes de Zárate.
A más de un mes de la decisión del oficialismo local, los interventores – el jefe de Gabinete Pablo Giménez, el subsecretario de Medio Ambiente Alan Fortune, el contador Alejandro Burgos y el abogado Jorge González Novillo- no han logrado una sola respuesta, ni a favor ni en contra, por parte del Consejo de Administración de la CEZ.
“Hemos ido en dos oportunidades a presentar un escrito que consiste en una requisitoria de determinada información que estamos solicitando respecto del contrato de concesión del servicio de suministro de energía eléctrica y hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta”, dijo Fortune al ser consultado por LA VOZ.
Si bien ante la presencia de un escribano público, desde la CEZ se le manifestó a los interventores que la requisitoria se trataría en la reunión del Consejo de Administración, el funcionario municipal expresó que “hasta la fecha no hay presentación oficial de su parte, ni siquiera negando o rechazando el pedido de información que hicimos”.
Cabe señalar que ante la intervención, la concesionaria inició una causa en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo en el que pidió su nulidad, sobre la cual aún no hubo dictamen. No obstante, días atrás se desarrolló una audiencia en el marco de esa instancia con representantes del OCEBA (Órgano de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires) y de la Dirección de Energía bonaerense.
Evalúan nuevos pasos a seguir
Desde la firma del decreto, aunque también desde mucho antes, se observa un claro conflicto de poderes en un clima de hostilidad que se ha reflejado en distintas presentaciones judiciales, acusaciones y declaraciones cruzadas. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido con la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante y lo informado y hasta denunciado por los delegados municipales en el Consejo de Administración de la CEZ los interventores señalan que las reuniones en la sede de la concesionaria se han dado en un marco de respeto.
“La relación se ha tensado de una manera muy considerable en los últimos meses”, reconoció Fortune, “pero la Municipalidad, con todo su derecho, se ha parado frente a Cooperativa en cuanto al contrato de concesión del servicio de energía eléctrica y solicitando información que corresponde como poder concedente y en cumplimiento de determinadas obligaciones que tienen ambas partes y que surgen del mismo contrato que ellos se niegan a cumplir; a partir de ahí se tensa la relación y surgen acciones judiciales en nuestra contra tanto penales como civiles”.
En ese contexto añadió que “si bien es muy tensa la relación que hay en la actualidad, cabe aclarar, cada vez que hemos ido como interventores a la sede de Cooperativa se nos ha tratado con mucho respeto”.
No obstante, remarcó que “no podemos entender por qué no podemos acceder, como poder concedente, a la información que estamos solicitando, no lo pudo hacer la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante ni los delegados representantes del Municipio ni lo podemos conseguir nosotros como interventores del contrato de concesión por eso estamos evaluando nuevos pasos a seguir; el decreto tiene 120 días de vigencia, ha pasado más de un mes y vemos que a este ritmo vamos a seguir igual”.
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