La norma fue sancionada y promulgada en el contexto de los repetidos cuestionamientos del gobierno provincial a la explotación que hace el empresario Alfredo Olmedo de miles de hectáreas de la empresa Salta Forestal con cultivos de soja.

La ley que impulsó en el Senado el oficialista Gustavo Sáenz establece las condiciones económicas para la explotación de inmuebles rurales de propiedad del Estado Provincial, Entidades Autárquicas o Descentralizadas, o Sociedades con participación estatal.

Como en su discutido artículo 6, la norma establece que será de aplicación en los contratos y actos jurídicos que se encuentran actualmente en ejecución, el gobierno de Urtubey quedó en condiciones de comenzar a exigirle a los Olmedo una contraprestación "de al menos" el 10 % por las explotación de las tierras de Salta Forestal.

Al menos otras 14 mil hectáreas de tierras fiscales están concesionadas a distintos empresarios, sin cobro de canon alguno.

En 2001, el gobernador Juan Carlos Olmedo y su ministro de la Producción, Gilberto Oviedo decidieron otorgar en concesión cerca de 300.000 hectáreas que la empresa Salta Forestal tenía en el departamento de Anta.

Eran tierras que en los 70 la provincia explotaba para la provisión de carbón de madera para los Altos Hornos Zapla, entonces de Fabricaciones Militares. Pero en los 90 la empresa fue declarada sujeta a privatización por el entonces gobernador Roberto Ulloa por una ley que la bancada justicialista ayudó a sancionar.

Con ese antecedente, Romero le concedió en 2000 las tierras a Olmedo, con unas cláusulas que comenzaron a escandalizar a los diputados justicialistas casi diez años después: el convenio estableció que por 20 años la firma concesionaria no debía pagar un solo peso de canon en atención a los desmontes que debía realizar.

La ley es también un elemento de presión sobre el empresario agropecuario, quien hasta mayo pasado no había querido sentarse a renegociar el contrato, como sí lo había hecho la Agropecuaria Cervera que se había quedado con un porcentaje de las tierras.

Después Olmedo presentó una nota pidiendo el inicio del diálogo para la renegociación del contrato, el gobierno provincial no lo recibió y prefirió pedirles a los legisladores que apuren el trámite de la ley.

Los legisladores oficialistas tienen también otra norma que apunta a poner presión al empresario Olmedo. Es el que directamente anula el contrato de concesión una medida que, según legisladores opositores, debería se tomada solamente por el Ejecutivo.