El Poder Ejecutivo entiende que para “fortalecer su rol de resguardo ambiental y desarrollo sustentable”, que implican el impacto de las actividades productivas agrícolas en la Provincia, es necesario “mejorar la actual ley de Biocidas (3378) y además poseer la potestad de ejercer la autoridad de aplicación de la misma”.

Fundamenta la medida y así lo expone en la necesidad de “unificar la fiscalización de las leyes de Residuos Peligrosos (Ley 3936) y de Biocidas”, debido a que poseen una estrecha relación, “en legislar y ordenar los envases de agroquímicos (considerados residuos peligrosos)”

Además de “acatar lo expresado por el pueblo del Chaco, en las dos audiencias públicas realizadas en el Recinto de la Cámara de Diputados (septiembre de 2011), donde solicitan un mayor control de la actividad agrícola por parte del Poder Ejecutivo” y explicitar en el cuerpo de la ley las “distancias de resguardo de las poblaciones respecto de las aplicaciones terrestres y/o aéreas de productos agroquímicos”

También considera los aportes que presentan los proyectos de ley 391/09 y 492/11, presentados por la diputada María Cristina Barrios y el diputado Carlos Martínez, respectivamente.

En otro punto y como argumento se considera la certificación obligatoria de un “Protocolo de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA Chaco)”, firmado por un responsable técnico (Ingeniero Agrónomo o título equivalente) y avalado institucionalmente por el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos (CPIACH) y “la necesidad de registrar y verificar técnicamente el funcionamiento de todos los equipos de aplicación terrestre”, no sólo los inscriptos como servicios comerciales de aplicación terrestre, sino la de todos los productores agrícolas de la provincia y y “tomar como base el proyecto de ley del bloque oficialista (consensuado con los Asesores Técnicos) y modificar en los aspectos arriba mencionados”.

Se plantea “unificar el organismo de aplicación para el ordenamiento de las actividades productivas que mayor impacto en el ambiente produzcan, en el marco de las competencias del Ministerio de Planificación y Ambiente”.