Veinte días después de la sesión del 8 de septiembre en el club Mariano Moreno, el DEM sancionó el decreto 2530 por el cual veta la norma apuntando al respecto que “el ejercicio de las atribuciones-deberes consagrados en la LOM requiere ameritar distintos aspectos acerca de la conveniencia de la promulgación del instrumento normativo en tratamiento”.

Al mismo tiempo, sostiene que la ordenanza “avasalla decididamente las facultades de este Departamento Ejecutivo”, y que “si bien el artículo 18 de la Ley 8751 dispone que la organización de los Juzgados de faltas se rige por esa ley y su creación es facultad de los Concejos Deliberantes, la normativa no prevé mayores pautas sobre su estructura e implementación a excepción de las referidas al nombramiento, destitución y remuneración (categoría mínima) del Juez de Faltas, razón por la cual la estructuración orgánica funcional se rige por pautas generales de las restantes dependencias municipales, siendo facultades propias del DEM y de la LOM”.

Añade que la norma “invade esferas propias de este Departamento, así como establece normas de procedimiento más allá de las previstas en las leyes provinciales que rigen la materia, incluso en lo que hace a conceptos de trámite, representación y legitimación en los expedientes”.

Cita otras “falencias”, según el criterio del Ejecutivo y resuelve vetar la ordenanza 3471/11. Acto seguido determina remitir las actuaciones al HCD “a los efectos del tratamiento y consideración del veto instrumentado en el artículo primero del presente decreto”.

Esta dependencia comenzó a ser conflictiva cuando Helios Eseverri decidió separar del cargo, a mediados de los noventa, al abogado Carlos Sebey aplicándole la Ley Duhalde, una norma un tanto ad hoc dictada para achicar las plantas de personal de los municipios bonaerenses, principalmente los del Conurbano. En esa ocasión, el entonces intendente no tuvo en cuenta los procedimientos legales para cesantearlo al abogado, por lo que, al cabo de unos años el Municipio debió hacerse cargo del pago resarcitorio, una cifra gravosa e impensada para el erario público.

Unos diez años después, el actual Intendente decide reestructurar la dependencia y preservando la función de Juez de Faltas para el Intendente, nombra a una secretaria que se haría cargo de toda la parte operativa. La oposición volvió a la carga con este proyecto para darle independencia a la función, logró el número para aprobarla pero el Intendente hizo uso de su facultad y la terminó vetando.