ajo el nombre de “Ley de Fortalecimiento Financiero Provincial” el proyecto enviado ayer por el Ejecutivo provincial a la Legislatura tiene por objeto “contar con una herramienta más que le permita, entre otras cosas, obtener recursos para afrontar la concreción de las políticas públicas plasmadas en la Ley de Presupuesto Provincial, fortalecer la efectiva intransferibilidad del sistema previsional y sustentar la transición hacia un modelo de provincia que diversifique su matriz productiva, generando riqueza y empleo genuino a los habitantes de Santa Cruz”.

Según los fundamentos del proyecto de ley, con esos mayores recursos que ingresarán a las arcas provinciales, y en conjunto con las políticas adoptadas para la reestructuración del gasto público, se podrá cumplir con las obligaciones de deuda emergentes de la operación de empréstito público, toda vez que la Cámara de Diputados apruebe el proyecto de ley enviado anteriormente para el tratamiento de este tema.

Minería

Mediante el proyecto, ratificando la facultad constitucional por ser dueños del recurso, por lo que, considerando que son recursos naturales y “agotables”, se propone incrementar la participación provincial en la renta obtenida por su explotación. Para lo cual se plantean tres herramientas recaudatorias: la creación del impuesto al Derecho Real de Propiedad Inmobiliaria Minera, la eliminación como actividad no gravada con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de los ingresos producto de las exportaciones de recursos naturales no renovables que comprende también a los hidrocarburos y la aplicación del máximo porcentaje de regalías a todos los emprendimientos mineros actuales y futuros.

Se crea en ese marco el “impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera”, similar al impuesto a la riqueza, “ya que es evidente que las empresas mineras operan, actualmente, en un marco regulatorio elaborado en la década del ’90, como una estrategia para obtener divisas en una época signada por la desinversión” algo que cambió, fundamentalmente a partir del año 2005.

Explicaron que “la concesión minera otorga al concesionario un derecho de contenido patrimonial” y que la manifestación de la riqueza que genera ese derecho “la consideramos exteriorizada por el valor de las reservas de minerales que contiene la mina”, por lo que se propone gravar ese derecho, utilizando como base imponible dichas reservas. Será un impuesto anual, al igual que el inmobiliario rural.

Se recalca, además, la “desigualdad” en el reparto de los recursos entre Nación, provincia y municipio en el que el 80% de la carga impositiva queda en el gobierno nacional, dejando sólo a las provincias, dueñas del recurso, un 17%.

Gravar el juego

Además, el proyecto pretende adecuar algunas otras cuestiones. Elimina la exención de impuestos para las cooperativas con fines comercial o de consumo, no relacionadas con el Estado, en tanto, en el caso de la pesca, se pretende diferenciar entre aquellas pesqueras que procesan sus productos en la provincia de aquellas que sólo realizan una actividad extractiva, sin agregar valor al producto extraído.

En ese sentido, estas últimas verán incrementada la alícuota del Impuesto sobre Ingresos Brutos y, siguiendo en esta misma perspectiva, aquellas empresas cuya jurisdicción sede no sea Santa Cruz, verán incrementada la alícuota del Impuesto sobre Ingresos Brutos en un 0,5%. Se adecuan los montos de la ley de Tasas, cuya última actualización fue en febrero de 2009 y se establece el incremento de ingresos brutos a los casinos llevándolo al 15%.

Se crea un “Fondo de Emergencia Social y Sanitaria”, cuyo financiamiento estará constituido por fondos provenientes de un porcentaje de las ganancias de juegos de azar, quinielas y casinos. En igual sentido se propone una retención sobre los remates judiciales, cuyo destino será un Fondo para la Provisión y Mejoramiento de la Salud Pública.