Ante la denuncia judicial por el presunto delito de “malversación de recursos públicos” en el destino de los fondos enviados de Nación al Municipio en el marco del Programa Integral de Protección Ciudadana, el gobierno de Pulti salió a embarrar la cancha.
En el texto, no se dice ni una palabra de la conformación de una Comisión Investigadora en el Concejo Deliberante para darle transparencia a este tema.
Parece más un desesperado esfuerzo por conservar un negocio que una búsqueda de soluciones, exigiendo a prefectura que vaya a los barrios, en lugar de erigirse en zorros grises armados.
En un comunicado de prensa, el Secretario de Gobierno, Ariel Ciano, aclaró este miércoles que “en la investigación judicial no hay ningún funcionario municipal cuestionado. La propia municipalidad se presentó en la causa, formalmente, no sólo para ponerse a disposición de la justicia y ayudar sino para que se profundice la investigación”.
En este sentido, indicó que “somos los principales interesados en ver la forma en que la prefectura ha invertido los recursos que le hemos entregado”.
“Se trata de fondos que se destinaron, fundamentalmente, a combustible, repuestos, reparación de vehículos, y el alojamiento, entre otras cuestiones, que se abonan con el dinero girado por la nación a través del convenio suscripto, oportunamente, por el gobierno local, el provincial y el nacional”, expresó.
Por último, el titular de Gobierno señaló que “esta situación ha generado alguna sensación por parte de la gente de Prefectura. Tememos que esta controversia política suscitada genere que tomen la decisión de irse de la ciudad. Nosotros no queremos eso. Entendemos que su trabajo es importante y preferimos que se queden aquí”.
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