El funcionario explicó que “desde el Poder Ejecutivo se está actuando por medio del Decreto Prov. N°348, articulando una comisión interinstitucional entre Ministerio de Gobierno, Tierras, Ecología, Policía de Misiones y otras instituciones, interviniendo en determinados casos de intrusión, como sucedió semanas atrás con Moconá SA y Juan Alberto SA semanas atrás, donde se presentó un conflicto con los propietarios y solicitaron nuestra colaboración”, precisó.

Ledesma también se distanció de la visión de los propietarios que sostienen que no hay avances en la Ley de Expropiación, Arraigo y Colonización, ya que de las 42 mil hectáreas expropiables, unas 4500 hectáreas discontinuas en San Vicente de las empresas Agroforestal y Ferbuel lograron ser regularizadas. “En este caso, hubo advenimiento con los propietarios por un valor primario de la tasación propuesta por Fiscalía de Estado, se hicieron 4500 mensuras y se aprobaron planes. En estos momentos estamos en proceso de entregar los inmuebles y la constancia de titularidad de la propiedad”, detalló.

Por otra parte, sobre las 38 mil hectáreas nucleo de tierras ocupadas en Pozo Azul, propiedades de Madera Nativa, Colonizadora Misionera y Puente Alto SA, el funcionario manifestó que “se avanzó en la tasación, se materializó el área expropiable, se iniciaron juicios de expropiación, pero no hubo advenimiento, ya que los propietarios rechazaron la oferta realizada por el Estado por un monto global de 18 millones de pesos por las tres propiedades, pero no se llegó a un acuerdo con los privados”, dijo Ledesma.

Ante esta situación, “el proceso continua con la apertura de expedientes y en estos momentos esta en etapa de prueba en la justicia, pero si las pretensiones de los empresarios son mayores a la evaluada por el gobierno, hay que seguir analizando el precio en el ámbito judicial, ya que los valores propuestos por los propietarios son exorbitantes, uno de ellos valoró sus tierras por 60 millones de pesos, lo hizo imposible cualquier avance”, comentó.

En este sentido, dijo que “el Estado no se puede transformar en un negocio inmobiliario, ya que esto lo vamos a pagar todos los misioneros. Pero creo que los propietarios no pueden decir que no se están impulsando acciones sobre la problemática de la ocupación de tierras o que este gobierno no impulsa políticas para frenar esta situación, eso es faltar a la verdad”, reiteró.

Por otra parte, detalló que durante los últimos dos años del gobierno de de Maurice Closs, la Provincia adquirió 17 mil hectáreas por mas de 11 millones de pesos. “Estos son datos de la realidad, no pueden decir que no hay voluntad”, dijo.

Por otra parte, agregó que ante los casos de intrusión y ante situaciones delictivas, los propietarios deben realizar la denuncia ante la justicia, ya que no es competencia de la Subsecretaria de Tierras resolver esta situación. “Nosotros acompañamos muchas veces a los propietarios a realizar las denuncias, estamos trabajando, pero nuestra competencia tiene un limite, los desalojos son competencias del Poder Judicial”, subrayó.

“La justicia tiene que dar respuestas ante acciones delictivas, pero es un poder independiente. En todo esto, debe quedar claro que el gobierno no convalida la intrusión, atendemos las problemáticas de ocupación que son legitimadas por el proceso de colonización que marcó la provincia, y en eso hay avances históricos, aunque estamos actuando con las herramientas que tenemos”, concluyó.