El presidente del bloque de concejales del PRO, Ricardo Lissalde, indicó que los puntos más importantes que consideraron para marcar en la sesión fueron sobre la diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado, la cantidad de subsidios entregados y la falta de licitación pública en las compras que se realizan.
Asimismo manifestó que se establecieron 12 decretos de modificación de partidas, lo que implicó una disminución en las partidas presupuestadas de 7.500.000, ampliándose después en 13 millones. Con respecto a los subsidios explicó que estaba estimado 1 millón de pesos y se terminaron ejecutando 8, distribuyéndose seguramente entre instituciones que lo necesitan, lo cual se hace de manera discrecional. “El presupuesto que se manda es un dibujo formal. Lo que se ejecuta tiene muy poco que ver con lo que se proyecta”, afirmó.
“La calificación que se hace sobre una rendición de cuentas se divide en tres: la jurídica, que es una calificación compartida entre el Tribunal de Cuentas y los concejales, la contable, que es propia del Tribunal de Cuentas, y la política, que es propia del Concejo Deliberante”, explicó el escribano.
Con respecto al personal municipal, tal como lo hizo durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas en el recinto, Lissalde remarcó que los empleados mensualizados gozan de un privilegio con respecto al sueldo básico de los que están en planta permanente.
Sobre la contratación pública manifestó que advirtieron que distintas obras que por su envergadura debería llamarse a un concurso de precios por ley para que haya competencia y transparencia se otorgaron de manera directa, y además a un mismo proveedor se le ha pagado a través de varias boletas el mismo día. El edil afirmó que en la sesión citó ejemplos concretos para que no quedaran dudas de esto.

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