Destacó que Charole "debe asumir las responsabilidad que la función le compete y entre ellos advierto que existe omisión de su parte, al no advertir a los organismos competentes para que establezca las exenciones de todas las propiedades inscriptas y no inscriptas y o que tradicionalmente ocupan, o que estén reservadas o de las que correspondan conceder como reparación histórica".

El funcionario aclara que realizó "la intervención que me correspondiera, en ejercicio de obligaciones legales, en una acción de apremio, que de la Provincia del Chaco, por intermedio de la Administración Tributaria Provincial ejerciera contra la Asociación Comunitaria Nueva Pompeya, y por deudas de impuesto inmobiliario rural, según esa administración registrara".

Detalla que dirigió notas a la ATP "dando cuenta que por noticias periodísticas había tomado conocimiento de que existía la posibilidad de que por error se estuviera demandando el pago de deudas provenientes del no pago del impuesto a los inmuebles rurales, a un propietario que se encontraba excento de tal gravamen, razón por la cual solicitaba que con carácter de urgente despacho se hicieran las averiguaciones pertinentes y de resultar el inmueble de propiedad comunitaria aborigen, dictara en su carácter de único funcionario competente a ese fin, un instrumento ordenando el desistimiento de la acción y el derecho si se demostrara que el inmueble gravado estaba o debía estar exento de tal impuesto".

"Resolución Nº 102 del Sr. Administrador de la ATP, llevando a cabo lo aconsejado, e informo que el escrito judicial desistiendo de la acción y el derecho, fue presentado al Juzgado actuante de esta ciudad, que es el Juzgado Civil y Comercial Nº 11" expresa.

Asegura además haber enviado nota "al Ministro de Gobierno, Juan Manuel Pedrini, poniendo de manifiesto y haciendo notar que situaciones similares pueden presentarse en el futuro, en cuyo caso bastará que cualquier funcionario o empleado informe o ponga en conocimiento de la ATP o de la misma Fiscalía de Estado, de que existe una situación similar o dudosa y así tomar las medidas rectificatorias".

En una de las notas enviadas al ministro señala además que "la ATP, la Fiscaliza de Estado, el Director de Defensa de la Democracia, el Ministro de Gobierno y el mismo IDACH, somos parte de un mismo todo que se llama Estado provincial y no constituimos compartimentos estancos y debemos actuar coordinadamente y en procura del bien común".

"Charole tiene todo el derecho de defender a la comunidad afectada y también con un simple llamado telefónico o una nota se hubiera solucionado todo. Pero destaco que debe asumir las responsabilidad que por la función le compete, y entre ellos advierto que existe omisión de su parte, de no advertir a la ATP cuáles son las propiedades comunitarias o por no haber articulado los medios para el Poder Ejecutivo y el IDACH cumplan el mandato y el espíritu del constituyente de 1994, específicamente en lo estatuido por la Cláusula Adicional Quinta, que interpretado en un sentido amplio, obligaría a censar o por lo menos colaborar con la Dirección del Registro de la Propiedad, la Dirección de Catastro y la ATP para que establezca las exenciones de todas las propiedades inscriptas y no inscriptas y o que tradicionalmente ocupan , o que estén reservadas o de las que correspondan conceder como reparación histórica" finaliza diciendo.