Efecto Oyarbide: las obras sociales no usan $ 250 millones

La ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, reveló que después de las detenciones que ordenó el juez federal Norberto Oyarbide el año pasado los pedidos de subsidios de las obras sociales sindicales a la APE (Administración de los Programas Especiales) bajaron drásticamente. La APE, que maneja fondos para tratamientos médicos caros como el cáncer y el sida, está en jurisdicción del ministerio de Salud.
Una de las maniobras más típicas de la mafia de los medicamentos era inventar pacientes de cáncer, sida o diabetes para cobrar subsidios de ese fondo especial.

"La APE tenía el año pasado un fondo de 1.100 millones de pesos pero llamativamente las obras sociales solo pidieron 850 millones", reveló Ocaña a radio Palermo.

La APE siempre fue apetecida por los sindicalistas más poderosos de turno. Durante la gestión del ex presidente Carlos Menem, el órgano de control de las obras sociales (ANSAL) lo manejaba el titular del sindicato de Obras Sanitarias, Oscar Lingeri. Y en esa gestión, el médico Néstor Vázquez ocupó la APE, mientras que en el 2003 pasó a ser el gerente general de la superintendencia del servicio de salud, bajo la gestión de Héctor Capaccioli.

"Hasta que no cambien los hombres que manejan este sistema desde los noventa, no va a mejorar la transparencia", sostuvo la ex ministra Ocaña.

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