"El punto es la investigación, pedimos que se investigue", subrayaron fuentes del Departamento de Estado a LA NACION, al poner énfasis en la "contundencia" de las pruebas aportadas por el gobierno de Alvaro Uribe.

En ellas se ratifica la presencia de terroristas de las FARC en suelo colombiano, donde montaron campamentos y se entrenan sin que nadie los moleste. La denuncia habla de más de 1500 efectivos en más de 85 acantonamientos.

A lo largo del día, el Departamento de Estado fortaleció la comunicación abierta de esta posición que, en línea con lo anticipado ayer por LA NACION, apunta a respaldar la denuncia colombiana.

"Venezuela ha mostrado una conducta insolente" al romper las relaciones con Colombia, dijo el vocero Philip Crowley, quien llamó al gobierno de Hugo Chávez a que asuma "sus responsabilidades" y adopte una "actitud constructiva" respecto del pedido de investigación.

"Si Venezuela no coopera, Estados Unidos y los demás países obviamente lo tomarán en cuenta", advirtió el funcionario, que recordó que la falta de apoyo por parte del gobierno de Chávez en la lucha antiterrorista llevó al Departamento de Estado a incluir a Venezuela desde 2006 en la lista de países que no cooperan plenamente con ese objetivo.

El vocero consideró que, hasta ahora, la actitud de Chávez ha sido "desafortunada" e "insolente".

En forma paralela, en diálogo telefónico, el subsecretario adjunto para la región, Arturo Valenzuela, insistió en que la denuncia colombiana "es muy seria", pidió que se investigue y llamó a que el incidente "se resuelva por el diálogo y no decante en una escalada de tensiones".

Lo que pretende el gobierno de Barack Obama es que la ruptura de relaciones decidida por Caracas "no provoque una escalada (de tensiones y de la retórica) de ninguna manera. Por eso urgimos al diálogo constructivo entre ambos países, pero teniendo muy presente también que se trata de acusaciones muy serias que se deben tomar muy en serio", dijo.

Ambos funcionarios -Crowley y Valenzuela- dieron crédito y soporte al reclamo colombiano que, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), pidió que, en un plazo de treinta días, se conforme una comisión que investigue la presencia de terroristas de las FARC en el amparo del suelo venezolano.

Hasta ahora, la única reacción de Caracas fue romper la relación con Bogotá. Colombia apoyó su denuncia en información y fotografías obtenidas, en parte, mediante la visión satelital.

El subsecretario Valenzuela se abstuvo de comentar si los Estados Unidos habían colaborado en la recopilación de esa información. Fuentes del Departamento de Estado confirmaron a LA NACION que "conocían" los detalles de la denuncia colombiana.

Fuentes locales dijeron que Uribe apeló a la OEA parea su denuncia "luego de haber intentado en vano" acogida entre gobiernos regionales. "Es su forma de insistir con algo de lo que está convencido", se explicó a LA NACION. "Si los gobiernos regionales le hubiesen prestado atención antes, toda esta tensión se hubiese evitado", fue el argumento.

Colombia dijo tener constancia comprobada y confirmada de cinco campamentos (cuatro de las FARC y uno del ELN) en los estados venezolanos de Zulia, Táchira, Apure y Aamazonas. El gobierno de Uribe tiene además constancia de entre 20 y 39 campamentos más, pero sobre ellos no tiene información tan precisa.

Colombia es uno de los principales aliados regionales de los Estados Unidos. No sólo por la presencia de bases norteamericanas en su territorio sino, también, por el llamado Plan Colombia, que implica el desembolso anual de 600 millones de dólares. A eso se suma el Tratado de Libre Comercio, pendiente de puesta en marcha.